Elena Evseeva deja claro que no se lleva nada mal con Paul Corbeau, presidente de la comunidad de vecinos del edificio en el que vive, situado en la calle Sierra Dorada de Benidorm. Por eso, cada vez que puede, con un acento ruso apenado, le ruega que no deje que el día 6 de marzo la pongan de patitas en la calle. El inmueble en el que reside Evseeva pertenece a esta comunidad de propietarios y por él debe abonar 350 euros al mes. A partir del pasado mes de mayo comenzó a fallar en los pagos y ha acumulado una deuda que, a día de hoy, asciende a los 1.600 euros. Estos hechos abocaron a la comunidad a interponer una demanda judicial. «Tenemos deudas de otros vecinos y no podemos permitir que nos corten la luz y el agua, así que no tenemos más opción que llevar este tipo de casos a los tribunales», dice el presidente.
Esta mujer, de nacionalidad rusa, instalada desde hace muchos años en Benidorm, asegura que ella iba pagando lo que buenamente podía e, incluso, en diciembre «aboné 400 euros para dar fe de mi intención de ir reponiendo la cantidad que debía», dice. Asimismo, indica que este año se le ha concedido la paga no contributiva. Este dinero, junto a otra pequeña renta de 300 euros que recibe cada tres meses desde Rusia, «me permitiría hacer frente al alquiler a partir de ahora. Simplemente he tenido una época mala. Por eso yo no me quiero ir de mi casa. Es lo único que tengo en Benidorm. Si me echan de aquí, me muero», declara resignada esta mujer que tiene reconocida un 43% de discapacidad por lesiones en las piernas.
El problema para Evseeva es que se le ha acabado el tiempo. El pasado 2 de octubre recibió un requerimiento por parte del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Benidorm, en el que se le solicitaba que, en un plazo de diez días, pagara la totalidad de lo que debe o la consignara en el juzgado o en un notario. También se le ofrecía la posibilidad de que alegara las razones por las que se opondría a realizar este pago, en el caso de que esta fuera su opción.
Al no pronunciarse la demandada, tal y como dicta la ley en estos casos, se procede a la resolución del contrato y a ejecutar el desahucio automático (en este caso el próximo 6 de marzo), sin celebración de juicio.
Elena Evseeva justifica su falta de respuesta diciendo que ella no entendía bien lo que le pedía el juez en un primer momento. Simplemente apunta que le parece una situación muy injusta, «y más en un país en el que las administraciones públicas están muy endeudadas».
Hasta la fecha, Evseeva ha ido pagando el alquiler con trabajos esporádicos que le salen como traductora de ruso o limpiando casas a duras penas con el problema en sus piernas. También ha tirado con la pequeña paga antes citada de su país natal y con algunas aportaciones de asociaciones a las está vinculada, como la Comunidad Israelí de Benidorm, que ya le ayudó con 500 euros y piensa aportarle otros 500.
Asimismo, afirma que le apoyan económicamente sus dos hijas que, según cuenta, actualmente trabajan en Miami. «El problema es que ellas también tienen sus familias y sus problemas, y no pueden mandarme más que 150 euros al mes». Los Servicios Sociales de Benidorm, tal y como ella misma expone, le ofrecieron la opción de irse a una residencia, «pero yo no me quiero mover de mi hogar, porque siempre he tenido la intención de pagar. No me parece justo».
Paul Corbeau asegura que una de estas hijas también tuvo un piso en este edificio, en este caso en propiedad, y dejó una gran deuda en gastos de comunidad. También explica que en los dos años que le han alquilado el piso a esta mujer, sólo en uno se llevó a cabo el arrendamiento con un contrato. Según el abogado de la parte demandante, la única opción que tiene esta señora es que pagara la deuda y las costas judiciales, y que la comunidad se prestara a realizar un nuevo contrato.
