Los presupuestos municipales de 2014, que fueron aprobados inicialmente en el pleno del Ayuntamiento de Altea del pasado 20 de diciembre por la coalición PP-Cipal, que gobierna en mayoría, se aprobaron definitivamente en la sesión de ayer con el voto en contra de los grupos de la oposición (PSOE y Compromís). El pleno tenía como único punto del orden del día la aprobación definitiva de los presupuestos, que prevén unos ingresos de 26.234.000 euros y unos gastos estimados en 25.984.000 euros, tras cumplirse un mes de alegaciones que marca la ley.

En este periodo, un particular presentó una alegación que posteriormente retiró, y el portavoz del grupo municipal socialista, Eloy Hidalgo, presentó otra en nombre de su grupo, que fue rechazada antes del debate del pleno por el interventor municipal argumentando que, como concejal y como representante del grupo municipal socialista, «no está legitimado para formular alegaciones, sino para recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa», razón por la que «cabe la declaración de inadmisión de sus alegaciones por falta de legitimación activa». El interventor contó con el apoyo del secretario municipal y afirmó que «los miembros de la Corporación carecen de legitimación activa para actuar como persona física o jurídica», pues los ediles «tienen otros medios para presentar enmiendas y debatir el presupuesto, ya sea en un pleno o en las comisiones informativas, como la especial de cuentas».

Eloy Hidalgo afirmó que la alegación socialista «busca que los presupuestos de 2014 sean más justos y más sociales» y aseveró que el PP y Cipal «pasan olímpicamente de las necesidades reales de la gente. Nosotros proponemos soluciones para una ciudadanía con carencias y ustedes miran para otro lado», dijo.

Igualmente, Hidalgo tildó al PP y Cipal de tener «una actitud caciquil encarnada en el alcalde, Miguel Ortiz, que no permite que se trate y debata la alegación del grupo socialista. Es la primera vez en la democracia que una alegación presentada por un grupo municipal se inadmite antes de llegar al pleno», protestó. El socialista dijo que al equipo de gobierno «le interesa arreglar lo suyo y a los suyos», razón por la que «ustedes no han presentado recurso a la sentencia del río que obliga a pagar a la constructora Ballester 12 millones con el dinero de los alteanos».