Un juzgado de Benidorm está investigando si terrenos de titularidad pública del Ayuntamiento de Altea fueron vendidos por una empresa a un grupo de inversores rusos con documentación falsificada, según confirmaron a este diario fuentes judiciales. Un total de 28.068 metros cuadrados ubicados en el Plan Parcial El Áramo y que fueron vendidos como suelo urbanizable por 2,5 millones de euros en 2009. La Fiscalía sostiene que la operación fue un engaño planificado y organizado dado que la documentación de esas parcelas pudo haber sido falsificada, utilizando el mismo número de identificación de otras que fueron vendidas hace cerca de 20 años atrás.
Para esta operación urbanística, los empresarios implicados pudieron haber contado con la cooperación de funcionarios del Ayuntamiento alteano, según el fiscal, motivo por el que ha sido imputados en la investigación el que fuera jefe de los servicios urbanísticos de este Ayuntamiento, Ángel Pérez Iñesta, así como dos arquitectas municipales. El fiscal ve indicios de los delitos de estafa, fraude y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsificación de documento público y fraude fiscal. En total, hay una veintena de imputados, entre ellos estos tres funcionarios, así como los empresarios e intermediarios que participaron en esta operación. El juzgado de Instrucción número cinco de Benidorm está interrogando a todos los imputados.
El caso ha surgido de una investigación que la Agencia Tributaria estaba realizando a una de las empresas implicadas en la operación, Antártida Planes y Desarrollos Urbanos, por su presunta relación con un entramado de sociedades cuyo fin, según la Fiscalía, era la defraudación a la Hacienda Pública. La inspección del fisco detectó irregularidades en la venta de dos parcelas en el Plan Parcial El Áramo de Altea que Antártida había realizado a la mercantil Trapinec, compuesta por inversores rusos, por cerca de 2,5 millones de euros en una escritura pública firmada ante notario el 7 de julio de 2009. En un principio, se había negociado la adquisición por un millón más, pero el precio tuvo que bajarse al estar limitado el aprovechamiento urbanístico del suelo por estar afectado por el trazado de la autopista AP-7. Según la documentación examinada, los terrenos habían sido adquiridos aparentemente a la sociedad Puerto Deportivo Luis Campomanes a un precio muy inferior en noviembre de 2006 por 84.204, con lo que salía una media de 3 euros por metro cuadrado. El suelo pasó a ser urbanizable al pedir Antártida la segregación de estos terrenos al Ayuntamiento de Altea en 2008.
Cuando los agentes se pusieron en contacto con los representantes de Campomanes para conocer el motivo de la diferencia de precio, éstos les contestaron que se trataba de suelo calificado como zona verde. Sin embargo, las parcelas identificadas en el contrato no las vendieron en 2006, sino mucho tiempo atrás: en 1989.
La Fiscalía considera en la denuncia presentada al juzgado que Pérez Iñesta pudo prevalerse de su cargo en el Ayuntamiento de Altea «para poder llevar a cabo la confusión sobre la situación y condiciones urbanísticas de los terrenos» y que además intervino directamente en las negociaciones de venta de los mismos. El ministerio público sostiene que parte de los contratos que aparecen en torno a este suelo son «operaciones ficticias». Por ello, se han imputado tanto a los representantes de la empresa vendedora del suelo, Antártida, como a los compradores (Trapinec), así como otros intermediarios que intervienen en las negociaciones.
El fiscal sostiene que los planos que la arquitecta municipal de Altea exhibió a la Inspección de Hacienda «no se correspondían por el Plan Parcial de El Áramo aprobado por la comisión provincial de Urbanismo de 1970 y 1978», además de que una parte de lo que antes era zona verde, había pasado a estar ocupada por parcelas, que además tenían la misma numeración que las que ya fueron vendidas bastantes años antes por el propietario de toda la zona. «Al falsearse y no coincidir el plano del Ayuntamiento con el plano por la comisión de Urbanismo se permitió la concesión de una licencia de segregación de contenido irregular», sostiene el fiscal. La mercantil Antártida había solicitado la segregación de las parcelas al Ayuntamiento de Altea en enero de 2008 y ese mismo mes contó con el visto bueno de otra de las arquitectos municipales.
El ministerio público sostiene en su denuncia que «se concedió una licencia de segregación en unas nuevas parcelas urbanizables, con la misma numeración que unas que habían sido previamente transmitidas a otras personas y además situadas en una zona verde de titularidad municipal».
