Alrededor de 3.000 estudiantes de Primaria y Secundaria de Benidorm pueden quedarse a partir del próximo curso sin transporte escolar subvencionado para acudir diariamente al colegio o al instituto. Así lo manifestaron ayer diversas fuentes de la comunidad educativa, que han comenzado a coordinar acciones y actos de protesta, después de que la Conselleria de Educación haya trasladado su intención de aplicar a rajatabla a partir de septiembre el criterio de distancia de tres kilómetros en línea recta desde el domicilio del alumno hasta el centro en el que esté escolarizado.
La aplicación de este parámetro en el caso de Benidorm hará que prácticamente ninguno de los alumnos que cursan sus estudios en los dos centros de Primaria y cuatro de Secundaria del complejo del Salto del Agua vayan a tener derecho a recibir una beca por el transporte, lo que podría traer aparejada la supresión de un servicio histórico en la ciudad y, además, de vital importancia para evitar colapsos de tráfico y problemas de seguridad vial.
De hecho, en Educación Primaria, sólo cinco de los más de 500 niños escolarizados cumplirían a fecha de hoy este requisito de los tres kilómetros de distancia, según fuentes de la Concejalía de Educación.
Hasta ahora, una excepción
Aunque este parámetro para subvencionar o no el transporte se publicó hace tres años, hasta la fecha la Conselleria había hecho una particularidad en el caso del Salto del Agua debido a las especiales condiciones de este complejo educativo. Por un lado, porque la zona escolar agrupa numerosas infraestructuras escolares: seis centros públicos, el edificio de la UNED o la Escuela Oficial de Idiomas y el parque infantil de tráfico.
Por otro, por que se ubica en un nexo de comunicaciones que abarca la principal entrada a la ciudad por Levante a través de la autopista AP7 y la N-332, y un área de servicios en la que confluyen el parque comarcal de Bomberos, el Palacio de Justicia, la estación de autobuses y el Invattur. Todo ello hace que el transporte escolar en esta zona contribuya no sólo a facilitar a los menores el acceso a sus centros educativos sino, además, a reducir enormemente el ya de por sí intenso volumen de tráfico de las carreteras adyacentes y también el riesgo de accidentes para los alumnos que van a pie a alguno de los centros del complejo.
A ello se une otro hecho. El Salto del Agua concentra el grueso de la oferta educativa de Secundaria, con cuatro de los cinco institutos públicos de la ciudad -el Pere Maria Orts, Bernat de Sarrià, Beatriu Fajardo y l'Almadrava-, lo que hace que la mayoría de estudiantes de estas edades acabe escolarizado en este complejo, viva donde viva.
Los dos colegios -el Mestre Gaspar López y el Gabriel Miró-, además de las familias que optan por escolarizar a sus hijos en ellos como primera opción, asumen también el excedente de matrícula de otros barrios con más carencias educativas, como el Rincón de Loix, donde sólo hay un colegio público. En el caso de este barrio, por ejemplo, la distancia en línea recta hasta el Salto del Agua es de 2,9 kilómetros, menos del mínimo exigido por la Conselleria para becar el transporte, pero realmente el recorrido a pie obliga a hacer un trayecto de más de seis.
Menos unidades
Pese a todas estas condiciones, fuentes de la comunidad educativa indicaron ayer que la Conselleria ya ha trasladado su intención de medir al milímetro la distancia entre el domicilio del alumno y el centro educativo de cara al próximo curso, tanto en Primaria como en Secundaria.
A este recorte también se une la previsión de recortar otras seis unidades en centros de Infantil y Primaria, lo que en colegios con una sola línea podría acabar provocando el cierre del centro.
Ante todas estas medidas, la comunidad educativa ha decidido comenzar una serie de acciones para protestar contra los recortes y exigir a Conselleria que reconsidere sus decisiones. Entre ellos, el CEIP Mestre Gaspar López realizará como primera acción una recogida de firmas, tal y como decidió ayer la comisión creada en el centro ex profeso para este asunto. Además, desde la Plataforma comarcal en Defensa de la Educación Pública avanzaron que extenderán esta recogida de firmas a todos los centros de la ciudad y que en enero, tras el parón navideño, se retomará la actividad con concentraciones y manifestaciones.
