«Un auténtico desbarajuste técnico». Así tildó ayer el vicepresidente del Consejo Vecinal de Benidorm, Adolfo Valor, la actuación de algunos técnicos municipales en el caso por el que el Ayuntamiento ha acabado pagando 2,7 millones de euros por un terreno expropiado en la partida de Foietes y que en 2004 fue tasado en 270.000 euros. Estas críticas declaraciones las realizó en la comisión de investigación que se llevó a cabo ayer en el Ayuntamiento de Benidorm para intentar esclarecer qué se hizo mal en aquel procedimiento.

Los miembros de la comisión han decidido citar al exasesor jurídico en temas urbanísticos del Consistorio, Andrés Laporta; a su predecesora, Mercedes Yáñez y al arquitecto técnico municipal, Fernando Pavía. Asimismo, se ha solicitado la personación en esta comisión del concejal Manuel Agüera (PP) y el exedil Jaime Linares (PSOE), que dirigían la cartera de Urbanismo en el Ayuntamiento en momentos claves de las negociaciones con Pablo Bergia, propietario de los terrenos. También, se ha reclamado el expediente entero del abogado del Estado que actuó en este caso en representación del Jurado Provincial de Expropiación, para esclarecer más datos sobre este dislate administrativo. La comisión ha decidido ampliar su plazo hasta el próximo 28 de febrero.

Tanto la concejal socialista de Hacienda, Natalia Guijarro, como el edil popular José Ramón González de Zárate, que forman parte de dicho grupo de investigación, explicaron que gran parte de las críticas de Adolfo Valor recayeron ayer sobre la actuación del técnico municipal Andrés Laporta, que en 2006, realizó un informe técnico que apostaba por no recurrir a los juzgados para solucionar el tema de la expropiación, y tratar de solventar a través de una fórmula extrajudicial (por ejemplo, un convenio urbanístico), el conflicto con Bergia, que consideraba insuficiente el dinero que le ofrecía el Ayuntamiento por sus terrenos. En ese momento, la cantidad ya se había duplicado por decisión de jurado provincial de expropiación. Según Guijarro, «dicho informe no era vinculante, por lo que el Ayuntamiento, y en este caso, su concejal, Manuel Agüera, tendría que haber hecho caso omiso». La edil socialista argumentó que Agüera debería haber complementado la negociación con la personación del Ayuntamiento en esta causa, por la que, de hecho, Bergia consiguió multiplicar por diez el precio inicial.

Por su parte, el popular José Ramón González de Zárate, que fue concejal de Urbanismo entre mayo de 2007 y septiembre de 2009, afirmó que uno de los grandes problemas se produjo tras la moción de censura y el consiguiente cambio de gobierno que se produjo. Señaló que Jaime Linares, encargado de esta cartera en 2010, firmó un acta de ocupación, «en cuyo punto número 5 apuntaba a que se pagarían 900.000 euros del Plan Confianza y el resto -que según había fijado el TSJ en marzo de 2009 ascendía 1,7 millones- se abonaría o a través de un convenio o en metálico, con cargo al presupuesto del próximo ejercicio. Lo que no entendemos es por qué no se optó por llevar a cabo ni el acuerdo ni el pago».

Ambos ediles subrayaron que tanto Agüera como Linares están dispuestos a comparecer para dar cuantas explicaciones se soliciten.