EU de Altea pidió ayer en un comunicado «la dimisión del alcalde, Miguel Ortiz (PP), tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condena al Ayuntamiento a pagar al grupo inmobiliario Ballester 12 millones por no poder urbanizar el río Algar». Según la coordinadora de EUPV en Altea, Nati García, «es inaceptable que, tras el fallo del TS de mayo, el PP y su socio de gobierno, CIPAL, no hayan asumido responsabilidades y todo continúe igual». Para EUPV, esta sentencia «hipoteca aún más» el futuro de los alteanos. García dijo que la sentencia «ha puesto fin a una de las aberraciones urbanísticas más graves que desde el Ayuntamiento gobernado por el PP se pretendía realizar contra el río Algar».