El Ayuntamiento de Benidorm, presidido por el socialista Agustín Navarro, hizo en 2010 un total de 130 nuevos contratos de personal laboral pese al veto del Gobierno central a este tipo de contrataciones. El dato está recogido en la denuncia que presentó el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB) ante la Fiscalía contra el regidor por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias, relacionados con la contratación de familiares y afines a los concejales del gobierno local durante los años 2010 y 2011.
El ministerio público, tras el período preceptivo de investigación, acaba de remitir los hechos relatados por el sindicato al juzgado al «hallar indicios de delitos».
Las supuestas ilegalidades en materia de personal y contratación en las que pudo incurrir el ejecutivo de Navarro en los años siguientes de su acceso a la Alcaldía, y previos a las municipales de 2011, están reflejadas en los tres informes elaborados por el interventor de la corporación a propósito de la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RTP) que elaboró el gobierno para el año 2010. Durante ese ejercicio, se produjo un desfase contable global en la partida de personal y contrataciones de 2,3 millones de euros, un 9% más.
Uno de los informes del funcionario municipal, incluido en la documentación que el sindicato aporta en su denuncia, está fechado el 1 de junio de 2011. En una de sus conclusiones, el funcionario afirma: «En general, todo indica que en los expedientes relativos a la contratación de personal o a sus condiciones de trabajo y remuneraciones habría existido un generalizado incumplimiento de las normas básicas de tramitación y adopción de acuerdos establecidas entre otras en la LRJPACAP y el ROF, con las consecuencias de nulidad, anulabilidad y responsabilidades que cabrá establecer en cada caso».
En su informe, el funcionario, resalta que durante ese periodo se produjeron desfases en todas las partidas del capítulo de Personal y, en especial, de retribuciones. «Esta Intervención entiende que han existidos prácticas administrativas incorrectas en el departamento de Recursos Humanos, que han originado durante el ejercicio de 2010, entre otras consecuencias, que se haya producido un mayor gasto por retribuciones respecto a las consignaciones del presupuesto cuando, en virtud de la Ley 8/2010, debería haberse producido un ahorrro presupuestario», señala el citado documento.
Ese Real Decreto del Ejecutivo central, entonces presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, reducía las retribuciones del personal de las administraciones públicas en un 5% de media. El ahorro generado que en Benidorm debía haber sido de unos 800.000 euros en 2012, según fuentes municipales se debía destinar a enjugar el remanente negativo de Tesorería y a la cancelación anticipada deuda.
El informe recoge que, en el apartado de personal laboral de nuevo ingreso, el Ayuntamiento de Benidorm realizó durante ese año un total de 130 contratos, permaneciendo 54 empleados de alta a 31 de diciembre de ese año. El importe de las retribuciones fue de 946.135,61 euros. Los departamentos destinatarios de estas contrataciones fueron Seguridad, Playas, Desarrollo Local, Estadística y Deportes. Este último fue el que concentró la continuidad de empleados al término del ejercicio, con una repercusión anual de retribuciones de 469.000,20 euros.
El interventor recordaba en su análisis que la Ley 26/2009 de los presupuesto generales del Estado establecía que durante el año 2010 no se procedería a la contratación de temporal laboral en el ámbito de las entidades locales, «salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables». «En particular, a esta Intervención no le consta que en los expedientes de las contrataciones realizadas se haya acreditado la concurrencia de ambos extremos», añade el interventor.
En este bloque de contrataciones se incluyen 23 inspectores de playas, cuando sólo se habían ofertado 15 plazas, y 20 plazas de peones vigilantes de instalaciones deportivas, que inicialmente eran 10. Estos contratos, entre los que hay familiares del PSPV local, también están recogidos en la denuncia del SPPLB.
13 funcionarios frente a 3 legales
El interventor también se hizo eco de las desviación presupuestaria en el apartado de funcionarios de nuevo ingreso. Según el informe, el número de funcionarios fijos de nuevo ingreso contratados por el Ayuntamiento de Benidorm en 2010 fue de 13. «En particular, según los cálculos de esta Intervención, dado que el número de bajas por jubilación o fallecimiento ha sido de 18, el límite de empleados de nuevo ingreso, redondeando por exceso, sería de 3», según la legislación vigente, precisa.
El funcionario municipal concluye que en 2010 la desviación del gasto de personal fue del 9% respecto al presupuesto inicial, «en un ejercicio en el que las disposiciones legales obligaban no sólo a la contención, sino incluso a la disminución efectiva del gasto de personal».
