La Fiscalía ha remitido al juzgado una denuncia contra el alcalde de Benidorm, el socialista Agustín Navarro, por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias, vinculados a la masiva contratación o pago de productividades a familiares propios, de miembros de su equipo de gobierno o afines al PSPV, entre los años 2010 y 2011. Los contratos y el pago de los pluses contaron con el informe desfavorable del Interventor.
El ministerio público, según han confirmado a este periódico fuentes oficiales de la Fiscalía de Área de Benidorm, observa «indicios de delitos» y ha trasladado los hechos al juzgado para que abra una investigación.
Agustín Navarro accedió al cargo de regidor en septiembre de 2009 en virtud de una moción censura, con el concurso de un exedil tránsfuga del PP, que acabó con casi dos décadas de gobierno local conservador.
La actuación de la Fiscalía se produce a raíz de una denuncia del Sindicato Profesional de Policías y Bomberos de la Comunidad Valenciana (SPPLB). La organización adjunta más de medio centenar de contrataciones y productividades supuestamente ilegales y cifra el alcance económico a las arcas municipales en 4,5 millones de euros, de acuerdo con los datos recogidos en el plan de ajuste de 2012.
La resolución de la Fiscalía fue adoptada a finales de septiembre y, según las mencionadas fuentes, el caso se encuentra en la fase de reparto en los juzgados de Benidorm.
El SPPLB presentó la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia de Alicante el 22 de febrero. La organización dirigió su escrito contra el alcalde de Benidorm por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Cuatro días más tarde, el fiscal jefe, Juan Carlos López Coig, ordenó el oportuno expediente gubernativo y su traslado a la Fiscalía de Área de Benidorm, al haber ocurrido los hechos en esta demarcación territorial. Tras la fase de investigación, el destacamento de Benidorm ha decidido trasladar el caso al juzgado para que se investiguen al hallar indicios de delito.
El sindicato incorporó un escrito donde relata las supuestas ilegalidades en materia de contratación, detalla el perfil y afiliación de los beneficiados y el modo de acceso al puesto y sus complementos. La denuncia se completa con una serie de documentos oficiales (la mayoría decretos de Alcaldía y actas municipales) como base de su acusación. En este último apartado, destacan tres informes del interventor municipal desfavorables a las contrataciones realizadas por Navarro.
El sindicato señala que «desde hace tiempo, la política de personal y presupuestaria del alcalde del señalado Ayuntamiento, resulta manifiestamente irregular, motivando que se hayan denunciado numerosos procedimientos selectivos presuntamente irregulares, decretos de productividades desorbitadas de 1.000, 900 y 800 euros, así como la adscripción indiscriminada a puestos públicos de personal que forma o ha formado parte de la ejecutiva local del PSOE, con afinidad político-familiar al partido, y familiares directos de concejales del equipo de gobierno».
«Todas estas situaciones ponen de manifiesto la desviada utilización de los recursos y caudales públicos, para fines que nada parecen tener que ver con los intereses generales, pasando por encima de las necesidades del municipio, en aras de beneficiar a un grupo de personas allegadas o muy cercanas a los cargos públicos que tienen en su mano la toma de decisiones en el Ayuntamiento de Benidorm, todo ello con conocimiento, participación directa o indirecta, y consentimiento, por ser el responsable del Ayuntamiento de Benidorm, y de la utilización de sus recursos, del alcalde», concluye.
