El grupo popular en el Ayuntamiento de Benidorm remitió ayer al alcalde, el socialista Agustín Navarro, sendos escritos en los que pide una batería de informes jurídicos antes de aprobar la anulación del PAI Armanello, prevista en el pleno del próximo lunes. El gobierno revocará la adjudicación del plan acordada en 2002 e instará al agente urbanizador, el promotor Enrique Ortiz, a presentar un nuevo plan con la exclusión de las cargas anuladas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Con la exclusión de esas cargas ilegales, según el PP, la ciudad perdería 18 millones euros, monto del valor de las obras de mejoras que Ortiz se comprometió a ejecutar cuando se le adjudicó por primera vez el programa urbanístico.
De la batería de informes que demanda el PP sobre el trámite de anulación del PAI, el más destacado hace referencia a un auto del TSJ del 8 de enero de este año que desestima un incidente de ejecución de sentencia promovido por el Ayuntamiento. Los populares piden, primero, que antes de la celebración del pleno se les facilite copia de esa resolución de la sala y, segundo, que el secretario de la corporación emita un informe sobre por qué «no se toma nota y el pleno se da por enterado» de los autos del TSJ en los que desestima el incidente de ejecución de sentencia promovido por Ortiz. El concejal del PP José Ramón González de Zárate aseguró que el gobierno está obligado por ley a presentar esos informes, ya que petición la firma un tercio de los concejales de la corporación.
