La oposición municipal de Benidorm rechaza la propuesta del gobierno, una coalición entre socialistas y liberales, y el promotor Enrique Ortiz para ejecutar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anulan las cargas complmentarias del Plan de Acción Interior (PAI) Armanello. El grupo municipal popular y el concejal no adscrito, Juan Ángel Ferrer, coincidieron ayer en señalar que la redacción de un nuevo plan, con la exclusión de las cargas, equivale a «perdonar 18 millones de euros a Ortiz».

La cantidad de 18 millones corresponde al concepto de cargas complementarias (mejoras en obras de infraestructuras del PAI) que el promotor incluía un su oferta de 2002, cuando inicialmente el Consistorio le adjudicó el programa urbanístico. El sector incluye 20 torres de 25 plantas con 3.800 casas. Ortiz endosó a los propietarios del suelo esas cargas.

Los concejales del PP José Ramón González de Zárate y Lourdes Caselles aseguraron ayer que un auto del TSJ ya desestimó un recurso de Ortiz para eludir el pago de 18 millones al Ayuntamiento. Los ediles añadieron que con ese auto el alto tribunal resolvió una incidencia de ejecución de sentencia planteada por el promotor. Los populares anunciaron que han solicitado al secretario municipal un informe jurídico sobre el alcance de ese auto.

Los concejales del PP insistieron en que Ortiz debe pagar el canon económico de los 18 millones «que el promotor firmó en 2002 como mejora económica para alzarse con la condición de agente urbanizador del Plan Parcial Armanello». «El PP entiende que el hecho de que el TSJ haya anulado la carga de ese canon a los propietarios del Plan Parcial, tal como pretendía el promotor, no le exime de cumplir las mejoras que introdujo en su oferta jurídico económica», añadieron.

Los ediles populares indicaron que si el agente urbanizador mantiene su negativa a pagar el canon, la alternativa sería retirarle la adjudicación, «y que sea el propio Ayuntamiento quien asuma la gestión directa del Plan Parcial de Armanello».

Por su parte, para el concejal Juan Ángel Ferrer las cargas complementarias las asume «voluntariamente el promotor, como recoge legislación urbanística valenciana»

Por su parte, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Juan Vicente Ivorra, del Centro Democrático Liberal (CDL), eludió las criticas de la oposición: «Lo que el Ayuntamiento va hacer es anular el plan Armanello como mandata el TSJ. Ni más ni menos. E instar al promotor a que presente otro documento con un reparto equitativo de las cargas legales». El edil de Urbanismo llevará esta moción al pleno del lunes. El promotor Ortiz ya se ha comprometido a redactar un nuevo plan con la exclusión de las cargas anuladas por el TSJ.

Expropiación de Foites

Por otro lado, el PP lamentó el decreto del alcalde del pasado día 19 para abonar la expropiación de Foites (2,7 millones de euros) a través del plan de pagos a proveedores. «La expropiación de Foites a través del plan de proveedores llega tarde y mal», dijo González de Zárate.