Imposición de multas coercitivas y exigencia de responsabilidad penal. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha sido contundente a la hora de censurar la actuación que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Benidorm con respecto al nulo cumplimiento de dos sentencias, dictadas en marzo del pasado año por este tribunal y que obligaban a redactar desde cero el planeamiento urbano del plan Armanello, uno de los principales sectores de suelo que queda por desarrollar en la ciudad y cuyo agente urbanizador es el constructor alicantino Enrique Ortiz.
El TSJ requirió el pasado 3 de julio al Consistorio el nombre de las autoridades y funcionarios responsables de hacer cumplir ambas sentencias, tal y como recoge un informe emitido el pasado miércoles por el secretario general del Ayuntamiento y al que ayer tuvo acceso este diario. En él, el técnico hace constar, además, los «requerimientos judiciales de fecha 31 de mayo de 2013 y recordatorios y requerimientos posteriores sobre la ejecución» de las sentencias, así como «los anuncios de apercibimiento del retraso que siguen estas actuaciones y el propósito de este Tribunal el TSJ de depurar las responsabilidades de toda índole que deriven de dicha morosidad».
Ante esta tesitura, al gobierno de Benidorm no le ha quedado otra que reaccionar de inmediato. Y el motivo responde, principalmente, a que el técnico municipal que emite el informe reconoce al concejal de Urbanismo, el liberal Vicente Juan Ivorra y al alcalde de la ciudad, el socialista Agustín Navarro, como responsables políticos de esta situación, el primero de forma directa y el segundo subsidiariamente, porque es a él «a quien compete originariamente la potestad». Asimismo, también señala a la funcionaria responsable de los servicios jurídicos del área de Urbanismo y a él mismo, como secretario general del Consistorio, «a quien en última instancia le corresponde la responsabilidad de la asesoría jurídica municipal», tal y como reza el documento.
Así que, para que ninguno de ellos acabe finalmente pagando económica o judicialmente las consecuencias de dichos retrasos, el concejal de Urbanismo presentará al próximo pleno una moción para salvar este apercibimiento de la forma más airosa posible. La propuesta, que el lunes se elevará para su dictamen en las comisiones informativas, pide «anular el acuerdo plenario de 2002» en el que se aprobó la reparcelación del PAI de Armanello y «requerir al urbanizador para que aporte antes del 15 de septiembre el documento del PAI en sustitución del anulado», con la consiguiente adecuación de las cargas de urbanización a los requisitos que indicaban los magistrados en las sentencias de marzo de 2012.
Antecedentes
La tramitación del plan de Armanello se inició hace más de una década, en junio del año 2000, cuando el Ayuntamiento de Benidorm adjudicó la urbanización del sector al constructor Enrique Ortiz. En octubre de 2002, el Consistorio aprobó la propuesta presentada por Ortiz para el desarrollo urbanístico de la zona, con los votos del PP, entonces en el gobierno con mayoría absoluta. Dicho planeamiento fue recurrido por varios particulares, a través de dos demandas que finalmente, tras otros litigios, llevaron al TSJ a declarar ilegal el PAI, debido a las elevadas cargas de urbanización fijadas para los propietarios: del 34% mientras que la ley permite un máximo del 10%. El Consistorio no recurrió ante el Supremo y el ejecutivo local después, en reiteradas ocasiones tanto antes como después del pacto del gobierno entre PSOE y CDL, anunció su propósito de diseñar «desde cero» Armanello en colaboración con el empresario.
Ahora, no obstante, tocará realizar la nueva tramitación de este crucial sector a toda prisa. Quedan 57 días para que expire el plazo.
