Un polémico derribo. El Ayuntamiento de La Nucía ejecutó ayer la orden de demolición de la estructura de un edificio propiedad del edil liberal, Ángel Ferrer, quien aseguró que esta acción es "una medida de coacción" contra él, añadiendo que el alcalde "no ha respetado con los plazos legales".
"¡Los que vivimos en La Nucía no somos ciudadanos, somos súbditos!", corearon una veintena de nucieros, bajo la presencia de miembros de la Policía Local, que grabaron con una videocámara a los asistentes. Los vecinos no dudaron en acercarse ayer hasta la partida "Els Pous" para presenciar en directo la destrucción de la obra del concejal del CDL. Bajo la sombra de un pino, el grupo de residentes de La Nucía mostró en todo momento su apoyo a Ferrer, y desaprobó la decisión tomada por el alcalde del municipio. Y además se quejaron porque, según ellos, la obra cuenta con cuatro propietarios y "sólo Ferrer fue avisado de la demolición".
Tras las vallas que delimitaban el perímetro de la estructura derrumbada, Ángel Ferrer aseguró que Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, "no ha querido seguir la legalidad y este derrumbe es una medida de coacción, para quienes no actúan de forma desapercibida", dijo el edil. El abogado de Ferrer, Moisés Vizcaíno, explicó que su cliente tiene hasta el próximo día 28 de julio para presentar un recurso por la vía administrativa o contenciosa-administrativa, contra la orden de ejecución, que se conoció el pasado día 26 de junio.
Ángel Ferrer contó ayer también con la compañía de Sergio Benito, presidente provincial del CDL, quien indicó que desde su partido confían en la Justicia, "aunque esta sea lenta". Benito informó que "la demolición se ha llevado a cabo antes de que finalizara el plazo marcado para que Ferrer pudiera presentar las alegaciones al juzgado contra esta decisión".
Además, el presidente provincial del CDL calculó que la denuncia interpuesta por su compañero de partido, Ferrer, acabará siendo favorable a él, y que "en unos años la Justicia pondrá al señor Cano en su sitio", aseguró. También añadió que desde el CDL se seguiría luchando por la legalidad y por el interés de los nucieros.
La estructura demolida, según explicó Ferrer, empezó a construirse en 2006 y contaba con todas las licencias legales pertinentes, incluso con la de la Conselleria, que envió a un inspector de agricultura y otro de ganadería. Un año más tarde la obra quedó paralizada, por lo que en 2012 se dictó la caducidad de la licencia. Éste es el hecho en el que el Consistorio de La Nucía se respalda para justificar el derrumbe de ayer, afirmando que la obra era "ilegal".
