El alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, del PP, declaró ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Vila Joiosa en calidad de imputado por los supuestos delitos de prevaricación y desobediencia. La magistrada indaga la legalidad de los pagos a 23 funcionarios, a razón de 32.000 euros al mes en global desde hace un año. Junto al regidor, la magistrada ha imputado el resto de los miembros del equipo de gobierno local, otros 12 ediles.
Este colectivo de 23 empleados accedió a la plantilla municipal como interinos mediante un concurso de oposición, que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana anuló por considerar que su contratación no estaba justificada. El ayuntamiento anunció que volvería a repetir la oposición, extremo que no se ha producido y mientras tanto los 23 funcionarios siguen cobrando de las arcas municipales.
El proceso judicial que ha derivado en la imputación de todo el gobierno popular de La Nucía comenzó a raíz de una denuncia presentada por los dos partidos de la oposición, PSPV y Centro Democrático Liberal. Ambas formaciones acudieron a la vía penal, tras un informe del interventor de la corporación que ponía "reparos" al pago a esos funcionarios.
En la jornada de ayer, junto a Bernabé Cano, declararon el concejal Pedro Lloret y la edil Beatriz Pérez. La magistrada prosigue hoy los interrogatorios con la toma de declaración a otros tres ediles.
El primer edil de La Nucía coincidió en su comparencia ante la juez con la visita a los juzgados de La Vila del Conseller de Justicia y secretario regional del PP, Serafín Castellano.
Antes de su declaración, Bernabé Cano se mostró convencido de su inocencia y de la del resto de miembros de su gobierno. "Hemos actuado bajo la más estricta legalidad. Todas las decisiones han contado con el informe favorable del secretario del Ayuntamiento y de los técnicos municipales", aseveró el regidor.
Fuentes del caso han asegurado que Cano, LLoret y Pérez contestaron a todas las preguntas, incluidas las de la acusación particular que ejercen el PSPV y CDL. El abogado de Cano presentó a principios de junio un escrito solicitando a la juez el archivo de la causa.
