En apariencia, la vida sigue igual en Benidorm. O más bien su urbanismo. El gobierno local (PSOE y CDL) renovó ayer con sus votos en el pleno el mismo convenio que en una fecha tan lejana como 2003 firmara el entonces alcalde popular Vicente Pérez Devesa con los propietarios de suelo en Sierra Helada -Edificaciones Calpe y mercantiles vinculadas a la familia Puchades-. Gracias a ese acuerdo, las citadas empresas tendrán derecho a terrenos edificables en otras partes del municipio a cambio de renunciar a construir en el emblemático paraje. En concreto, a 160.000 unidades de aprovechamiento cuyo valor económico asciende a 50 millones de euros.
Ahora bien, el estribillo de la manida canción de Julio Iglesias, eso de que la vida sigue igual, es, como ya ha quedado dicho, sólo en apariencia. Porque desde 2003 hasta ahora han pasado muchas cosas. Demasiadas para justificar que Benidorm hoy por hoy siga obligada a compensar a Ballester y a los Puchades. Así al menos lo entendieron los grupos de la oposición, tanto el actual PP -cada vez más alejado de las tesis del "perezdevesismo"-, como el edil no adscrito, Juan Ángel Ferrer, que votaron en contra. Y, ¿cuáles son esas cosas que han cambiado tanto? Pues en primer lugar, que en esos diez años la Generalitat ha protegido el suelo de Sierra Helada dos veces: al catalogarlo como parque natural en 2005 y en una declaración de impacto medioambiental sobre el PGOU de Benidorm hace un año. Con lo que la duda está servida: si fue la Generalitat la que protegió esos terrenos, ¿no debería ser esa administración la que compensara a los propietarios? Esa pregunta la lanzó el portavoz popular, Antonio Pérez, y la lanzó el propio Ferrer.
Un convenio caducado
Y no fue la única duda planteada por la oposición. Hubo más. El edil del PP recordó que el convenio firmado en su día por Pérez Devesa y que caducaba en 2005 no debía haberse renovado porque ambas partes lo habían incumplido: el Ayuntamiento, porque no desarrolló los programas urbanísticos a partir de los que obtener suelo para compensar a los Puchades y a Ballester; y estos últimos porque no inscribieron sus parcelas a nombre del Ayuntamiento. De hecho, el PP, ya bajo la tutela de Manuel Pérez Fenoll, no lo renovó. Sí en cambio, siguió Antonio Pérez, el actual munícipe, Agustín Navarro. Y dos veces: primero en 2010, aunque misteriosamente aquel convenio no pasó por pleno. Y después ayer.
En la misma línea, Ferrer acusó a la líder del CDL, Gema Amor, de "volver a auspiciar con el apoyo del PSOE el urbanismo conveniado (de Pérez Devesa) que es para unos pocos y no para el interés de la ciudad". El edil no adscrito lanzó más preguntas: "¿Por qué el convenio de 2003 se firmó cuando el Consell ya estaba tramitando la protección de Sierra Helada?; ¿Por qué no hay informes que avalen el convenio?; ¿Por qué los actuales propietarios compraron ese suelo muy poco tiempo antes de que el Ayuntamiento acordara compensarles?; ¿Por qué ya se les ha otorgado 23.000 unidades de aprovechamiento en Armanello por valor de 7 millones? ¿Porqué no se compensa a otros propietarios?". Tras este carrusel de dudas, Ferrer tiró con bala: señaló que el actual PSOE de Navarro ha traicionado a antiguos ediles socialistas que lucharon contra el urbanismo del "perezdevesismo"; y se mostró convencido de que su oposición al convenio motivó su cese como edil de Urbanismo.
La furia del CDL
El CDL se encrespó. Amor acusó a Ferrer de "robar al pueblo de Benidorm" aludiendo al caso del Moralet. Y el edil de Urbanismo, el también liberal Vicente Juan Ivorra, le contestó al no adscrito que no debía dudar de la "reconocida trayectoria empresarial de empresarios de la talla de Puchades o Ballester". El gobierno local arguyó que no hace más que prolongar un acuerdo ya firmado en la época de Pérez Devesa, que era del PP, con lo que en todo caso el convenio es responsabilidad de este último partido. El CDL olvidaba así a sabiendas sus antecedentes populares. Ivorra incluso jugó al despiste y aseguró que el edil de Urbanismo en 2003 era Francisco Saval, de tendencia fenollista, cuando en realidad era Antonio Botella.
Por cierto que, a la hora de la votación, hubo lugar para la incertidumbre: la baja por enfermedad del centrista Miguel Llorca dejaba empatados a 12 ediles a ejecutivo y oposición, por lo que Pérez Fenoll cuestionó que el asunto pudiera aprobarse con el voto de calidad del alcalde. El secretario dudó. Pidió un receso. Al reanudarse la sesión, confirmó sin embargo que el sufragio cualificado de Navarro era suficiente. Y así se mitigó el susto en las filas del gobierno.
