Gritos, abucheos y aplausos, según a quién le tocara intervenir. Concejales del gobierno enseñando fotos de los de la oposición o acusándoles de no pagar los impuestos, mientras eran jaleados por el público. Y todo ello, sin que el responsable de garantizar que la sesión plenaria se registrara sin incidentes, en este caso el alcalde Bernabé Cano, hiciera nada por evitarlos. Eso es lo que se vivió ayer en un pleno extraordinario convocado por el PP de La Nucía para aprobar el pago de las nóminas a los 23 trabajadores municipales cuyas plazas anuló hace un año el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, y a los que el ejecutivo local sigue abonando mensualmente unos 32.000 euros. Y ello, a pesar de los múltiples reparos de la intervención municipal y a la imputación de los trece concejales populares por presuntos delitos de prevaricación administrativa y desobediencia, por los que tendrán que declarar ante el juez el próximo julio.

La sesión se celebró ayer con carácter extraordinario después de que el alcalde Bernabé Cano retirara del último pleno ordinario el punto en el que se debía debatir el asunto. Ayer, aprovechando la ausencia de la interventora municipal por una baja, el PP esgrimió ante el público asistente tres informes externos -encargados al abogado Blat Picó y a los catedráticos de la Universidad de Alicante Rivera Sánchez y González-Varas Ibáñez-, que van contra del fallo del TSJ y afirman que la oposición en la que fueron contratados estos trabajadores fue "válida y de conformidad a la ley".

La lectura de dichos documentos por parte del concejal de Hacienda fue la chispa que provocó la hoguera, alentada en muchos momentos por el propio alcalde. A partir de ahí, el público jaleó a los populares y profirió descalificativos contra los portavoces de la oposición, Ángel Ferrer (CDL) y Pepa Ivorra (PSOE), a los que se les cortó en numerosas ocasiones durante su intervención. También el primer edil también vertió acusaciones hacia sus oponentes o sus familares sobre diversos asuntos. Entre ellas, el alcalde y el resto de ediles del PP mostraron una fotografía de los portavoces de ambos partidos acudiendo a los juzgados a interponer una denuncia por el pago de nóminas contra el criterio de Intervención, tras acusarles de "negarle el pan" a los 23 trabajadores. "Quieren pasar por encima de las familias para hacernos daño a nosotros", concluyó Cano.

Desde el Ayuntamiento, en una nota oficial, atribuyeron la actitud del público a que no habían "entendido la actitud de la oposición, votando en contra del pago de las nóminas", sin mencionar si quiera la anulación de las mismas por el TSJ.