El ex director general de la Ciudad de las Artes (Cacsa) y de Terra Mítica, Miguel Navarro, imputado en el caso de las facturas falsas del parque benidormí, debería indemnizar con tres mensualidades -18.500 euros- a Cacsa, la firma a la que volvió en 2004 como contratista para asesorarla en la ejecución de las obras del complejo, tras desistir unilateralmente del contrato con efectos a partir del 30 de junio. Una cláusula del documento firmado en 2004 así lo establece taxativamente, aunque fuentes del Consell descartaron ayer que vaya a reclamársele cantidad alguna a Navarro, al que el fiscal del caso Terra Mítica pide diez años por presuntos delitos de estafa, contra la hacienda pública y falsedad en documento. El portavoz adjunto de EU Ignacio Blanco exigió ayer al Consell que reclame el abono e insistió en que se trata de un "claro caso de pago de favores".
El contrato de Navarro se firmó en 2004 por dos años, prorrogable anualmente hasta que una de las partes desistiera, con tres meses de "preaviso". Si se incumplía el preaviso, la parte "perjudicada" tenía derecho a una indemnización por esas mensualidades. Pero además, la cláusula 6.2 del contrato añadía un inciso clave: "En cualquier caso, en caso de desistimiento, aquella parte que desista deberá siempre indemnizar a la otra parte por un importe equivalente a la suma de tres mensualidades de honorarios". Para 2013 la mensualidad fijada era de 6.172,15 euros. Total, 18.516 euros.
El pasado 1 de abril, coincidiendo con su reimputación, Navarro envió una carta a Cacsa comunicando su "voluntad" de "proceder a la resolución del contrato" que, añadía, de acuerdo con los tres meses de preaviso, se materializará el 30 de junio. Su desistimiento, por tanto, debe comportar el pago de una indemnización a Casca de tres meses, algo que Economía descartó ayer totalmente. La explicación es que en 2004 a Navarro le arreglaronun contrato encubierto de alto cargo, fijando la indemnización de tres meses de paro que tienen los altos cargos del Consell. Lo que nadie esperaba que fuera Navarro, forzado por su imputación de nuevo en Terra Mítica, el que tuviera que renunciar.
El "blindaje" es por las dos partes
Economía explicó que Navarro no tiene que abonar nada porque, con la recepción de las obras, se extingue el contrato. Sin embargo, la carta del exdirector no alude a la finalización del objeto. El vicepresidente del Consell, José Císcar, descartó echar ya a Navarro al entender que la doctrina Fabra se aplica a altos cargos, no a contratistas. Navarro, dijo, tiene un contrato de prestación de servicios que acaba el 30 de junio "y no va a renovarse". Añadió que "finalizar el contrato de forma unilateral por la Generalitat hubiera supuesto una indemnización". De hasta 6 meses, entre preaviso e indemnización. Omitió que el blindaje también opera a favor de la Generalitat.
