El Tribunal Supremo ha sido contundente con el proyecto urbanístico "Los puentes del Algar". Lo anula "por no ser conforme al ordenamiento jurídico" y manda que contra la sentencia no quepa "recurso ordinario alguno". El pasado día 10 se dictó la resolución de los cinco magistrados del Tribunal Supremo, que integran la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. tras estudiar detenidamente los recursos de casación interpuestos por la Generalitat Valenciana y la mercantil Altea Futura (agente urbanizador del proyecto) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana pronunciada el 21 de abril de 2009. Esta última sentencia anulaba la aprobación definitiva de la modificación puntual del PGOU de Altea por parte de la Comisión Territorial de Alicante el 31 de enero de 2006 para llevar a término "Los puentes del Algar", promovido entonces por el Ayuntamiento de Altea y por Altea Futura, del grupo inmobiliario Ballester. El objetivo era construir en una superficie de más de dos millones de metros cuadrados, junto al cauce del río, 5.775 viviendas para más de 21.000 habitantes, cuatro zonas hoteleras, tres macrozonas comerciales y un campo de golf de 18 hoyos, entre otros.
Movimiento ciudadano
El movimiento ciudadano y la perseverancia, ante todo, del grupo municipal del Bloc y de 42 pequeños propietarios de una superficie total de 4.622.643 metros cuadrados de terrenos ubicados en la sierra Bernia, a quienes les habían recalificado sus propiedades como suelo público en agosto de 2006, pues era condición indispensable desclasificar esta superficie para desarrollar "Los puentes del Algar", han ganado la batalla a los poderosos constructores y a la Administración autonómica que estaba a su favor.
Y el Tribunal Supremo no se ha andado con chiquitas. En la sentencia, de 17 folios, le ha dado un buen tirón de orejas a la Generalitat por pretender "consumar el fraude que supone aprobar el plan como lo hizo contraviniendo las condiciones que se impuso a sí misma" y le da un toque de atención porque "en lugar de actuar en sus competencias del cumplimiento de la ley, la ha utilizado para favorecer los intereses de los especuladores, haciéndose cómplice el personal del Ayuntamiento -de Altea- que no fue veraz sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas".
La sentencia del Tribunal Supremo contra el proyecto acaba con más de 12 años de lucha ciudadana desde que el 28 de diciembre de 2000 el entonces alcalde de Altea, Miguel Ortiz, anunciaba en rueda de prensa dicho proyecto que serviría para "rehabilitar y regenerar el cauce del río Algar con una actuación integral que lo convertirá en un parque fluvial biológico en la zona comprendida entre la partida Sogai y la desembocadura". En aquel entonces, Ortiz (PP) contaba con el apoyo del PSOE, pero el Bloc ya mostraba su oposición rotunda, como así ha sido hasta el final.
PSOE y PP, juntos
Como si de una inocentada para el pueblo de Altea se tratara, justo un año después los dos partidos mayoritarios de Altea firmaban un convenio donde se sentaron las bases marco para la actuación conjunta de la rehabilitación del Algar "que suponen un compromiso municipal para que, independientemente de quien gobierne Altea, se garantice la ejecución del proyecto "Los puentes del Algar", evitando su desarrollo por fases o polígonos independientes", afirmaban Ortiz y Lanuza (PSOE). Al día siguiente el pleno municipal aprobaba inicialmente el proyecto con el voto favorable del PP y el PSOE.
A partir de ahí, surgieron diversos movimientos ciudadanos contra el proyecto. Nació la asociación "L'Algar net i viu", que abanderó la protección del río apoyada por Ecologistas en Acción, WWF, El Xoriguer, la Sociedad Española de Ornitología, y los partidos políticos Bloc y Esquerra Unida. Mientras, los terrenos adyacentes al río iban comprándolos los grandes constructores a un precio que con el tiempo iba "in crescendo" Comenzaron comprándolos a 25 euros/metro cuadrado y acabaron pagándolos a 270 euros. Todo con la finalidad de enriquecerse rápidamente. Finalmente, en 2006 son los pequeños propietarios de la sierra de Bernia y el Bloc quienes llevan el caso ante los tribunales, con un largo recorrido que ha acabado con el dictamen del Tribunal Supremo a su favor.
