Aunque todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Altea acogen con agrado la sentencia del Tribunal Supremo, no todos se han manifestado en la misma línea. Por una parte, Compromís muestra su satisfacción porque dicha sentencia "implica que previsiblemente el Tribunal nos dé también la razón a nuestro recurso contra el proyecto, que ya ganamos en primera instancia en el TSJ de la Comunidad Valenciana", y afirma que la sentencia "supone un revés a la política de depredación urbanística a que nos han sometido los gobiernos del PP en la Comunidad Valenciana y en Altea".

Compromís reivindica que ha sido la única formación que ha defendido la paralización del proyecto, "cosa que ni el PP, ni Cipal, ni el PSOE han hecho".

Por su parte, el concejal de Hacienda, Pedro Barber (PP), señaló ayer que a raíz de esta sentencia del Supremo, "el Ayuntamiento deberá devolverle a Altea Futura los 7,7 millones de euros que entregó como canon, al adquirir la condición de urbanizador".

Barber quiso recordar que el proyecto "contó con el consenso del PP y del PSOE", y que se inició "en una época en la que las circunstancias económicas eran muy diferentes a las que vivimos hoy en día" pues ahora "se trata de un proyecto que no sería bueno para el futuro de Altea".

Para la concejala de Urbanismo, Carolina Punset (Cipal), la anulación "favorece y coincide con los planteamientos de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana -el actual data de 1982- que se están llevando a cabo desde mi departamento y que ya había propuesto en el documento de inicio declarar esa zona como no urbanizable".

Desde el PSOE no realizaron ninguna declaración al respecto, aunque sí que mostraron su satisfacción en la comisión informativa de Urbanismo del pasado viernes donde se dio cuenta de la sentencia del Tribunal Supremo.