El destino esconde extraños virajes. Se ha pasado años el Ayuntamiento de Benidorm denunciando que la Generalitat hacía y deshacía a su antojo y sin consultarle nada el planeamiento urbanístico de los 8,6 millones de m2 que integran el área de influencia de Terra Mítica, y he aquí que ahora las arcas municipales, que no están para alegrías, van a tener que asumir el mantenimiento de la red viaria de toda esa zona, que hasta ahora corría a cargo de la administración autonómica. Y es que esta última, a través de Conselleria de Infraestructuras, ha diseñado un nuevo Catálogo del Sistema Viario, en vigor desde el pasado 16 de abril, por el que cede a los ayuntamientos centenares de carreteras de toda la Comunidad para ahorrarse, en estos tiempos de crisis, su mantenimiento y señalización.

Entre esos viales se encuentran los del entorno del parque temático. Ahora bien, a diferencia de lo que sucede con el resto de localidades valencianas, el caso de Benidorm es especial: las carreteras de Terra Mítica no pertenecen exactamente a la Conselleria sino a una empresa pública de la Generalitat, la Sociedad Parques Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), que es la que durante años ha gestionado esos más de 8 millones de m2 sin que el Consistorio de Benidorm pudiera decir esta boca es mía. Así que ahora, antes de que se produzca esa cesión, primero habrá que retirarle a la SPTCV la competencia sobre las carreteras de marras.

Y, ¿cuánto va a costarle el asunto al Ayuntamiento? Evidentemente, todavía no hay una cifra oficial. Pero sí algunos indicios: el pasado 1 de agosto, la SPTCV adjudicó la concesión anual del mantenimiento y conservación de esa red viaria, de su señalización y de la conservación del mobiliario por unos 387.000 euros. Así que por ahí andará la cosa.

Lo más paradójico del asunto es que a lo largo de los años, la SPTCV ha gestionado su "feudo" sin consultar a Benidorm la cesión de parcelas a negocios turísticos privados, ha firmado controvertidos convenios con sus propietarios y sobre todo ha regulado el planeamiento urbanístico de la zona a través del Plan Especial de Infraestructuras, el famoso PEDUI. Este último ha sido modificado por esa sociedad del Consell a veces con polémica: no en balde, el último de esos cambios, denominado modificación número 6, permitió elevar la densidad urbanística para la construcción de hoteles y apartamentos en suelo propiedad de Enrique Ortiz y otros promotores. Contra esa medida, en 2011 el edil de Urbanismo, el socialista Jaime Llinares, interpuso un recurso ante el TSJ tras acusar al Consell de actuar "al servicio de las mercantiles privadas" y de pretender instalar un "cortijo" en plena ciudad turística.

El sucesor en el cargo de Llinares, Juan Ángel Ferrer -entonces en el PSOE y ahora edil no adscrito- adoptó una estrategia que ahora puede tener una significación especial: dejó en suspenso ese recurso ante el TSJ y abrió una negociación con la Generalitat que tenía como objetivo poder participar al fin en el planeamiento del área y obtener algunas parcelas. Y, atención, arrancar el compromiso de la Generalitat de que seguiría asumiendo del mantenimiento de las infraestructuras bien directamente o a través de la SPTCV. De esta forma, Valencia compensaba a Benidorm por el hecho de no obtener ningún beneficio, en forma de aprovechamiento urbanístico, de las construcciones en el entorno de Terra Mítica, ya que el mismo, sorprendentemente, es suelo no urbanizable.

De esas negociaciones nada más se supo, ya que en agosto de 2012 y tras el pacto PSOE-CDL, Ferrer abandonó la cartera de Urbanismo. De ahí que ayer el regidor no adscrito asegurara que la "falta de gestión" del ejecutivo "puede provocar con la aplicación en vigor de las nuevas disposiciones de la Generalitat en materia de carreteras un serio sobrecoste a las arcas municipales". Si ahora el Consell mantiene su intención de que la financiación de las carreteras en el seno del PEDUI las asuma Benidorm, Ferrer es partidario de reactivar el proceso judicial que había emprendido Llinares.