La Casa de l'Aigua de Altea, un inmueble de más de cien años ubicado dentro del casco antiguo, cambiará su uso como edificio de "equipamiento" al de "otras actividades" e incluso a tener un uso "no municipal" tras aprobarse en el último pleno de la Corporación municipal la desafección del inmueble que fue adquirido por el Ayuntamiento en la legislatura 1987-1991 con Juan Alvado como alcalde.
Este cambio de uso hace sospechar al grupo municipal de Compromís que el edificio finalmente se venda para "hacer caja" y que ayude a pagar "la deuda de más de 7 millones de euros que el PP y Cipal han reconocido que se le debe a Altea Futura (del grupo inmobiliario Ballester), agente urbanizador del PAI 'Los puentes del Algar', dinero que fue adelantado en 2006 y 2007 en concepto de cuotas de urbanización y que fue malgastado por los sucesivos gobiernos del PP, PSOE y Cipal", según afirmaron los ediles de la coalición valencianista en un comunicado.
Por su parte, desde el equipo de gobierno del PP-Cipal, el concejal de Presidencia, Jesús Ballester, negó este supuesto de posterior venta "porque ese es nuestro compromiso desde el principio" y porque "existe la posibilidad de poder arrendarlo para otros usos no municipales que sean beneficiosos para el municipio".
En la moción presentada por el equipo de gobierno ante el pleno, se indicaba que "en razón de una buena gestión del patrimonio municipal, es oportuno y conveniente" que la Casa de l'Aigua "sea objeto de desafección del dominio público, pasando a bien patrimonial, pudiendo de esa manera ser destinada a otros fines, o como fuente de ingresos de la hacienda municipal, ya sea por arrendamiento o enajenación".
En opinión de Compromís, el actual gobierno municipal "ha decidido expoliar el patrimonio municipal para poder hacer frente a una deuda creada por una irresponsable gestión económica de un dinero que no deberían haber tocado nunca". Sus concejales afirman que existe "el agravante de que en la anterior legislatura se habían gastado 100.722,27 euros en acondicionar su planta baja", y aseguran que el expediente "de momento no contiene ningún informe económico que justifique la necesidad de desafección del edificio", al tiempo que insisten en que el equipo de gobierno "debería hacer un ejercicio de transparencia y explicar cuáles son los planes reales para este inmueble".
