Todo atado y bien atado. El pasado viernes, 72 horas antes de que el gobierno local (PSOE y CDL) aprobara el nuevo contrato con la concesionaria de la basura, FCC, el Ayuntamiento de Benidorm abonó de una sola tacada 29 facturas a la mercantil por valor de 2,8 millones de euros. Más de dos millones corresponden a pagos por recogida de residuos y limpieza viaria realizada en 2012 y 2013 y que según los informes de cuatro técnicos -entre ellos el interventor municipal y un auditor externo- se encontrarían bajo sospecha, ya que no reflejarían los verdaderos servicios prestados por la empresa o se habrían realizado bajo contratos que vulneran la legalidad. El dinero restante que se pagó el 26 de abril pertenece a otra concesión de FCC, la de limpieza de edificios públicos.

Como se recordará, el pasado lunes el ejecutivo de socialistas y centristas aprobó un nuevo contrato de basura y limpieza con esta adjudicataria que, si bien supone una rebaja de 3,9 millones para las arcas municipales, se ha firmado sin haber aclarado esas presuntas irregularidades en la concesión. Pues bien, además de no haberse arrojado luz sobre esos servicios, ahora resulta que muchos de ellos se pagaron tres días antes del pleno y de una sola vez. Eso a pesar de que el interventor municipal había señalado que "FCC no ha cumplido el contrato durante toda la vida de la concesión, desde 1993"; de que un informe externo asegurara que durante veinte años la adjudicación habría vulnerado la ley; de que un ingeniero municipal ya instase a auditar la gestión de la empresa al menos durante los tres últimos ejercicios y si podía ser durante los últimos cinco; y de que inspectores también municipales alertaran de que la empresa no estaba poniendo en la calle el personal al que estaba obligado. Es decir, de los cuatro informes que han detectado que algo no iba bien en la contrata y que tantos ríos de tinta han provocado en los últimos meses.

Después de esgrimir esas facturas, el concejal del PP José Ramón González de Zárate mostró su estupor por el hecho de que en el pleno del lunes el gobierno del socialista Agustín Navarro rechazara una iniciativa de los populares para auditar a la empresa entre 2009 y 2012, tal y como ya habían aconsejado tanto el interventor como el ingeniero municipal. "No es por criticar a los trabajadores ni a la propia empresa sino porque después de esos informes es necesario por el bien general de la ciudad saber qué ha pasado con ese servicio", dijo Zárate, quien además recordó que los primeros que aseguraron en 2011 que FCC estaba incumpliendo servicios fueron el propio Navarro y su edil de Hacienda, la socialista Natalia Guijarro.

Para la oposición, el problema es que aquellas denuncias del alcalde y de su concejal han quedado en nada. Así, el edil no adscrito, Juan Ángel Ferrer concentró sus críticas en Guijarro: señaló que sus teóricas discrepancias con Navarro y con su socia de gobierno, Gema Amor, sobre este tema "no han sido más que posturas de galería". En este sentido, Ferrer contó que en junio de 2012 la edil de Hacienda "plantó cara al alcalde", que tenía "prisa en cerrar" un contrato similar al que se ha aprobado ahora con FCC, exigiendo antes un informe externo. Recibido en julio de aquel año, aquel estudio era demoledor: detectaba un sinfín de anomalías e irregularidades, exigía realizar una auditoría completa de la concesión, rechazaba una oferta de la empresa idéntica a la que se aprobó el lunes, obligaba a reajustar la fianza de la empresa, instaba a adoptar decisiones sobre la legalidad del contrato y hasta a extinguirlo y abogaba por confeccionar una relación del patrimonio de la concesión.

Sin embargo, al final "Guijarro no ha querido saber nada de este informe, cuyas conclusiones ha tirado a la papelera justo al resto del equipo de gobierno". Ferrer agregó que no basta con que la edil de Hacienda realice protestas a nivel interno: "los concejales se manifiestan votando y se vota levantando la mano, no escondiendo la piedra con la otra mano". Y Guijarro el lunes "levantó la mano" a favor del nuevo contrato con FCC después de autorizar el pago de la deuda pendiente con la empresa, "con lo que es también cómplice de las triquiñuelas de Amor y Navarro, aunque sea en contra de su propia ideología y de sus propias manifestaciones". Por ese motivo, Ferrer exigió al alcalde y a la edil de Hacienda que paguen de su bolsillo los 18.000 euros del informe que ha sido ignorado "en cumplimiento del plan de ajuste, que exige responsabilidades a quienes hayan realizado conductas lesivas al patrimonio municipal como es tirar a la papelera esos 18.000 euros".

Por cierto, que ayer Zárate también pidió a Guijarro que inicie los trámites para rebajar la tasa de la basura a los vecinos y las empresas de la ciudad después de que se haya recortado el coste que ese servicio le cuesta a las arcas municipales. Además, el edil del PP mostró sus dudas sobre el funcionamiento de la concesión a partir de ahora, ya que algunos servicios como los de limpieza se van a regir por el nuevo contrato pero otros como los de recogida de basuras seguirán funcionado con el antiguo al menos hasta después del verano.