El pleno de Benidorm autorizó ayer por unanimidad al alcalde, el socialista Agustín Navarro, plantar batalla en forma de recursos judiciales contra la decisión del Jurado Provincial de Expropiación de tasar en 5,9 millones de euros el precio que las arcas municipales deben pagarle a la mercantil Incobe -participada por los empresarios Enrique Ortiz y Antonio Solana- para expropiarle sus terrenos en la partida de El Moralet. Esa cifra, aunque está muy lejos de los astronómicos 50 millones que pide Incobe, tampoco está muy próxima de los 73.000 euros (no hay ningún error en las cifras) en que ha tasado las parcelas el gobierno gestionado por PSOE y CDL.

De cualquier forma, el edil de Urbanismo, el centrista Vicente Juan Ivorra, señaló que con la decisión del jurado el Ayuntamiento ya se ha ahorrado más de 40 millones. Además, Ivorra aprovechó la coyuntura para volver a arremeter contra su antecesor en el cargo, el exsocialista y ahora edil no adscrito Juan Ángel Ferrer, al que acusó de "connivencia" con Ortiz e Incobe por ofrecerle, a cambio de sus terrenos en El Moralet, 31.000 unidades de aprovechamiento -un pago en especie y no en dinero- que hubiera permitido al polémico promotor edificar 500 viviendas en otras zonas de Benidorm. El CDL habría frustrado esa opción, que calificó de "pelotazo".

Ferrer devolvió el golpe. Advirtió que su convenio era bueno. Primero, señalando que esas 31.000 unidades equivalían a tan sólo 4,5 millones de euros, menos de lo que ha fijado ahora el jurado y además sin necesidad de pagar con dinero, al contrario de la vía escogida por el CDL. Y en segundo lugar tirando de memoria: advirtió de que en realidad lo que exigían Incobe y Ortiz eran 84.000 unidades de aprovechamiento "porque alguien a quien por respeto no voy a nombrar le ofreció en su día 2.500 viviendas". Ferrer desveló además que si Ortiz obtuvo los terrenos de El Moralet fue "gracias a un trueque con locales comerciales de la estación de autobuses", adjudicada también al promotor. Ferrer no dijo más. En el pleno, nadie dudó de que con "ese alguien", el regidor no adscrito se estaba refiriendo al gobierno de Vicente Pérez Devesa.

De ahí que todos los focos se centraran en el edil liberal Miguel Llorca, ahora aliado del PSOE y entonces pieza clave de los gobiernos de Pérez Devesa. Así, cuando el propio Ivorra aludió a otras sentencias por gestiones del PP que como la de Foietes han supuesto reveses financieros -desde Dragados hasta Edificaciones Castelló- el popular José Ramón González de Zárate, fuera de micrófono, reprochó como "vergonzoso" que el actual edil de Urbanismo ignorara el papel desempeñado por Llorca en esas actuaciones.