No, no y... no. Por tres veces se negaron en el pleno de ayer PSOE y CDL, los dos socios de gobierno de Benidorm, a arrojar algo más de luz sobre cuestiones trascendentales como la investigación de las causas del incendio de febrero en la Huerta, el esclarecimiento de las posibles irregularidades en el servicio de la basura y el futuro urbanístico de Sierra Helada. El ejecutivo rechazó tres mociones presentadas por la oposición para debatir esos asuntos con el mismo argumento formal: que esas propuestas "no eran urgentes" y debían haberse presentado al pleno con un plazo superior a diez días, según explicó el portavoz socialista, Conrado Hernández.
Abrió el fuego el PP. Pidió su portavoz, Antonio Pérez, que el Ayuntamiento se presentara como "acusación particular en el juzgado de guardia o ante la fiscalía" para exigir responsabilidades por el incendio que el pasado 7 de febrero dañó medio centenar de viviendas en la Huerta y obligó a desalojar a más de 3.000 alumnos del Salt de l'Aigüa. El portavoz popular razonó que como se "habían visto afectados bienes y personas" el Consistorio debía personarse como denunciante. Y, a diferencia de lo defendido por el PSOE, agregó que su propuesta sí era urgente, toda vez que el plazo para personarse en el juzgado acabará dos meses después del incendio, el próximo 7 de abril.
El problema es que según todos los indicios aquel siniestro se originó en un vertedero de propiedad municipal, lo que coloca al gobierno local en una difícil situación. De ahí que no es extraño que el ejecutivo rechazara la moción del PP. Para ello, Hernández también adujo que el pleno no es el foro adecuado para tomar esa decisión y que en todo caso el ejecutivo ya está "estudiando" que el Ayuntamiento se persone. En respuesta, Pérez lamentó "que oculten cuestiones que el pueblo quiera saber" y lamentó que el gobierno "no sea valiente".
Fue entonces cuando se armó la bronca. A la hora de votar a favor de la moción del PP, no sólo alzaron sus brazos los ediles populares y el concejal no adscrito, Juan Ángel Ferrer, sino también el propio portavoz del PSOE. Éste último dijo que era porque aún no estaba votando, sino que quería volver a intervenir. Pero la oposición consideró que había ganado la votación, idea que el alcalde, el socialista Agustín Navarro rechazó. En medio de un barullo, Navarro llegó a expulsar del pleno a Pérez, aunque la medida no se concretó. Pero no por eso se calmaron los ánimos. A continuación, el portavoz popular se quejó de que no tenía copia de la siguiente moción y Hernández se la facilitó diciéndole "voy a ayudarte un poquito". Pérez explotó: "eres un sinvergüenza". Y abandonó la sala. El alcalde ordenó un receso de cinco minutos.
En la reanudación se debatieron dos mociones del edil no adscrito, Juan Ángel Ferrer, también rechazadas por el gobierno y apoyadas por el PP. La primera animaba a crear una "comisión especial" para investigar las posibles irregularidades de la concesionaria de la basura, FCC, tanto en lo que se refiere a las diversas ampliaciones de su contrato a lo largo de los últimos veinte años como a los posibles informes que alertan de que la empresa no limpia Benidorm como tiene que hacerlo. Ferrer dijo que esa comisión era "urgente" porque además se está negociando un descenso en el coste del contrato con la empresa. Pero la comisión no se creó.
La segunda moción del edil no adscrito instaba a la aprobación definitiva del PGOU incorporando un dictamen de la Conselleria de Medio Ambiente del año pasado que acuerda proteger entre otros parajes 400.000 m2 en el sector APR-7 de Sierra Helada. Tampoco prosperó. Es más, en el desarrollo del pleno hasta en cuatro ocasiones tanto el edil de Urbanismo, el liberal Vicente Juan Ivorra, como el resto del gabinete se negaron a aclarar a preguntas de Ferrer y del PP el futuro de ese paraje y si volverá a renovarse el convenio que obligaría a las arcas municipales a compensar por sus derechos urbanísticos a los propietarios de esos terrenos, la familia Puchades, a pesar de que el suelo ha sido protegido por la Generalitat.
OTROS ASUNTOS DEL PLENO
El Moralet y el recurso judicial del PP
En el pleno de ayer, hasta en dos ocasiones el portavoz del PP, Antonio Pérez, le preguntó al concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra (CDL), si el vocal que en representación municipal acudió el pasado 15 de marzo a la reunión del Jurado de Expropiación Forzosa que habría valorado en 6,3 millones de euros los terrenos que el Ayuntamiento debe expropiar en El Moralet al promotor Enrique Ortiz le había suministrado alguna información al respecto. Y en las dos ocasiones, Ivorra se limitó a constar que por ahora el jurado no había emitido ninguna notificación oficial sobre el asunto, pero, también las dos veces, eludió concretar si el vocal municipal había redactado ya un informe sobre esa reunión. Y es que el PP considera que Ivorra y el gobierno local están ocultando información sobre el dictamen de ese jurado, entre otras cosas para no tener que incluir los 6,3 millones en el capítulo del gasto de los presupuestos de 2013, que se aprobaron ayer de forma definitiva tras rechazar las alegaciones.
Por otra parte el PP ha presentado ante el juzgado un recurso contencioso-administrativo contra el decreto del alcalde, Agustín Navarro, del pasado 4 de febrero que convocó con tan sólo 24 horas de antelación el pleno en el que se aprobó el baremo de méritos para la plaza definitiva del secretario municipal.
