Irregularidades en un tribunal y sospecha de amaño. Así definió ayer el PSOE de La Nucía el proceso de selección de personal para cubrir dos plazas de empleo público en el Ayuntamiento de la localidad, una de administrativo y otra de graduado social que, según mantienen, ya estarían asignadas "con nombre y apellidos". La portavoz socialista de La Nucía, Pepa Ivorra, ha reclamado suspender el proceso y ha presentado dos recursos de reposición contra los decretos del alcalde nuciero, Bernabé Cano, en los que aprobó la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la prueba selectiva de personal mediante oposición.
Los socialistas recordaron que el pasado 30 de octubre registraron ante notario el listado de personas sobre las que iban recaer las plazas convocadas por el Ayuntamiento nuciero en distintos procesos selectivos. "Queríamos poner negro sobre blanco lo que es un secreto a voces en el pueblo, que las plazas tienen nombre y apellidos antes de que se lleven a cabo las pruebas", explicó la portavoz del PSOE, Pepa Ivorra. Del listado que figura en el acta notarial, "acertamos el cien por cien de las personas contratadas en el mes de diciembre", agregó la edil, que destacó que "lo mismo ocurrirá" con los dos puestos que quedan por cubrir. De hecho, según Ivorra "en el listado de admitidos figuran los dos nombres que nosotros dimos, uno de ellos el del cuñado del alcalde, que aspira a la plaza de graduado social". La socialista afirmó que esta situación "es totalmente anómala" y "coloca todo el procedimiento de selección en una situación de absoluta ilegalidad".
Pero además de ello, otra de las irregularidades denunciada ayer por el PSOE nuciero es el hecho de que entre las personas que van a formar parte de los tribunales de la oposición se incluyen funcionarios interinos -un colectivo laboral que por ley no puede participar en un proceso de selección de personal- y que, además, estos interinos fueron contratados mediante otra oferta de empleo público, la del año 2008, que fue suspendida el pasado junio por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, según indicaron ayer desde el PSPV-PSOE.
Diligencias
Ivorra recordó que por esta convocatoria está imputado todo el gobierno local de La Nucía, cuyos 13 concejales tendrán que declarar ante el juez entre el 3 y el 24 de julio por presunta prevaricación administrativa y desobediencia. El motivo radica precisamente en la sentencia dictada en junio de 2012 por el TSJ, que declaró nulas las plazas ofertadas por el Ayuntamiento en el año 2008 al considerar que no existía urgencia ni necesidad de crearlas. Tras el fallo, que se produjo como consecuencia de un recurso presentado por CC OO, el gobierno del PP en bloque votó el pasado julio en un pleno para levantar un reparo del interventor municipal sobre el pago de las nóminas de estos trabajadores, cuya plaza había sido suspendida judicialmente. Y lo mismo ocurrió en plenos posteriores, puesto que los empleados afectados, a fecha de hoy, siguen estando contratados por el Ayuntamiento, recordó el PSOE.
El pasado 7 de febrero, los dos grupos de la oposición, PSOE y CDL, denunciaron estos hechos en el juzgado y ahora, el titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de La Vila Joiosa ha abierto diligencias y tomará declaración a todos los ediles del PP en calidad de imputados. El auto, fechado el pasado martes 19 de febrero, cita en primer lugar a los portavoces de la oposición a ratificar la denuncia el 14 de marzo.
Tras ellos, el magistrado tomará declaración el 3 de julio al alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, y a los concejales Pedro Lloret y Beatriz Pérez Hickman. Un día después, se ha citado a Hubertus Henricus, Noelia Cerezuela y Manuel Alcalá, también como imputados por los mismos hechos. Por su parte, Cristóbal Llorens, Esperanza Soria y Pedro Romero lo harán el 22 de julio. Los últimos en pasar ante el juez serán Miguel Ángel Ivorra, Sergio Villalba y Vanesa Geijo, que acudirán el 23 de julio, y Serafín López, que cerrará el turno de declaraciones el día 24. La resolución no es firme y frente a ella cabe recurso.
