En un pleno muy bronco y con continuas acusaciones de corrupción y tramas entre unos y otros, el PP advirtió ayer de que el gobierno de Benidorm, integrado por PSOE y CDL, podría haber incurrido en un "delito de prevaricación" tras aprobar las bases del concurso que deben servir para seleccionar al nuevo secretario del Ayuntamiento. Abriendo la caja de los truenos, el portavoz popular, Antonio Pérez, aseveró que esas bases, propuestas por el alcalde, el socialista Agustín Navarro, en realidad "no van a servir para seleccionar al mejor secretario sino al que el señor alcalde ha decidido que es el mejor". O sea, que "son un traje a medida". Como es evidente, los populares votaron en contra de la propuesta mientras que el concejal no adscrito, Juan Ángel Ferrer, se abstuvo. La plaza del secretario, el puesto de mayor jerarquía del escalafón municipal, lleva diez meses vacante.

En una intervención muy dura, Pérez reprochó al ejecutivo de Navarro que "de ese traje ustedes ya saben hasta la talla". Y aseguró que las bases aprobadas ayer , y que priman sobre todo los conocimientos urbanísticos y medioambientales que habrá de atesorar el futuro funcionario, servirán para designar "a una persona que es del agrado del alcalde". El edil popular no dio ningún nombre. Pero recordó que ya el pasado 17 de enero Navarro había nombrado a un secretario provisional en la persona de Esteban Capdepón, que hasta breves fechas ocupaba ese puesto en Mutxamel. Según Pérez, esa persona habría estado a punto de tomar posesión de su cargo el pasado viernes, "pero algunos técnicos y ediles se lo desaconsejaron al alcalde". Aún así, "fue ese día cuando Navarro descubrió los méritos que tenía ese señor".

Convencido de que el gobierno local podría haber violado los criterios de "objetividad, imparcialidad, mérito y capacidad" que deben imperar en todo concurso público, el portavoz popular mostró su perplejidad por el hecho de que la propuesta del alcalde no estuviera refrendada por informes jurídicos. A su juicio, "porque ningún funcionario ha querido redactarlos". Pérez acusó al ejecutivo de "desviación de poder", vaticinó que lo aprobado ayer provocará la "apertura de una causa penal" y le preguntó al edil y secretario general del PSOE, Rubén Martínez, si su partido se personará en esa causa. Hace unos días, Martínez anunció una campaña de los socialistas contra la corrupción que incluía personarse en todos los procesos judiciales que golpean al Consistorio de Benidorm.

El gobierno local basó su defensa en dos argumentos: que la propuesta es legal y que el PP no es quien para dar lecciones a nadie sobre honradez política. Así, el portavoz socialista, Conrado Hernández, sostuvo que una cosa es nombrar un secretario provisional (en la persona de Capdepón) y otra aprobar, "como la Generalitat le ha pedido al Ayuntamiento" unos méritos específicos para convocar la plaza definitiva, "a la que podrá presentarse todo el mundo". Además, señaló que los requisitos que se le pedirán al nuevo funcionario están en consonancia con las necesidades demográficas y urbanísticas de Benidorm. Navarro fue más directo: "señor Pérez, no soy tonto, me he asesorado y todo es legal".

Después, la respuesta política. Hernández recomendó a los ediles del PP que "con esas siglas es mejor que no hablen ni de corrupción ni de trajes" y advirtió de que "no todos los políticos somos iguales". Aún con más vehemencia contestó al portavoz popular la líder del CDL, Gema Amor: "usted habla de informes y de concursos y yo me pregunto dónde estaban esos informes y concursos a la hora de adjudicar el proyecto inexistente de las rotondas (al promotor Enrique Ortiz) y sobre las que usted y el señor Pérez Fenoll podrían dar lecciones magistrales, o dónde estaban esos informes en las plazas a familiares y amigos que ustedes hicieron a medida". "¿Cómo es posible -siguió la edil liberal- que usted hable de corrupción con la que está cayendo en su partido?". Amor vinculó los procesos judiciales que afectan a los populares de Benidorm con los que se están produciendo a nivel nacional, como el caso Bárcenas: en una misma enumeración aludió a "la entrega de sobres, la financiación ilegal, las cuentas en Suiza, las rotondas, los relojes, el caso Brugal o el caso Gürtel". Y acusó a Pérez de "ser cómplice con su silencio de la corrupción sin precedentes del Partido Popular".

Ya estaba muy bronco el pleno, con ese continuo intercambio de acusaciones gruesas que preside los últimos debates en Benidorm. Y el ambiente aún se caldeó más cuando el portavoz popular respondió a los ataques del gobierno: le dijo a Amor que los casos en los que la ahora edil liberal habría estado implicada "ya han prescrito" y le reprochó que durante su época de conseller "se embolsara mucho dinero a la luna de Valencia". También le reprochó a Amor "no ser capaz de entenderse con nadie si no hay pasta de por medio".

Amor exigió a Pérez que retirara esas palabras. No lo logró.

El ejecutivo pide cambiar el código penal contra la corrupción

Precisamente el día en que tanto se habló de corrupción en Benidorm, los portavoces del CDL, Gema Amor, y del PSOE, Conrado Hernández, anunciaron una moción que será votada en el próximo pleno y en la que instan al Gobierno y a las Cortes a realizar "cambios efectivos" en la legislación contra los casos de corrupción en todo el país. No responsabilizan de los mismos a ningún partido concreto, pero aluden a procesos judiciales vinculados al PP, incluido en Benidorm el caso de las rotondas. Entre esas modificaciones, los dos partidos apuestan por una reforma del código penal que acabe con la exención de la responsabilidad penal de la que en la actualidad gozan los partidos políticos a pesar de tener personalidad jurídica propia. "Ello ayudará a que los partidos se involucren en la persecución del lastre de la corrupción". También piden al Gobierno de Rajoy medidas para que "los que sean acusados formalmente de algún delito relacionado con la corrupción no puedan ni integrar candidaturas electorales ni ostentar cargos políticos"; demandan a los jueces que "actúen con celeridad" ante estas situaciones; y exhortan a los partidos nacionales a que se esfuercen en alcanzar el "mayor consenso" en la futura Ley de Transparencia.