La oposición municipal de Benidorm tiene dudas sobre si el Ayuntamiento está obligado a indemnizar a los propietarios del suelo de Sierra Helada. Serias dudas. Tanto el edil no adscrito, Juan Ángel Ferrer, como el PP. Aunque con argumentaciones diferentes.

Tal y como ayer publicó este diario, la familia Puchades ha exigido al Consistorio que incluya en los presupuestos de 2013 una partida para compensarles económicamente después de que sus propiedades en el paraje quedaran incluidas en el parque natural. Lo hacen una vez que ha caducado el último convenio que firmaron con el alcalde, Agustín Navarro, en 2010 y por el que si en un plazo de tres años no obtenían unidades de aprovechamiento para poder edificar en otros terrenos del municipio a cambio de renunciar a su suelo en Sierra Helada, como así ha sido, deberían percibir indemnizaciones en metálico. En realidad, Navarro renovó un acuerdo que ya había sido firmado por los propietarios en 2003 con el alcalde de la época, Vicente Pérez Devesa.

Ferrer señaló ayer que antes de cualquier decisión es necesario dictaminar qué administración es la que debería hacer frente a esas indemnizaciones que ahora exigen los Puchades. En este sentido, recordó que en marzo de 2012 la Conselleria de Medio Ambiente ultimó una declaración de impacto medioambiental que después de 22 años desclasificaba el suelo de Sierra Helada y lo protegía. Con lo que la duda técnica estribaría en establecer si debe ser el Consell, que es el estamento que ha preservado el paraje, el que en todo caso deba abonar el dinero exigido por los propietarios.

Ferrer dejó de gestionar el área de Urbanismo muy poco tiempo después de que la citada declaración llegara a Benidorm. Según el edil no adscrito, también habría que examinar las cláusulas del convenio que Navarro firmó en 2010. Este último, a diferencia del de 2003, incluía una cláusula que liberaba al Ayuntamiento de obligaciones en este asunto si al final la Generalitat protegía el suelo.

Por su parte, el PP recordó que en agosto de 2012 el sucesor de Ferrer al frente de Urbanismo, el centrista Vicente Juan Ivorra, ya prometió la redacción de unos informes para aclarar la cuestión. "No sabemos si es que después de siete meses no se han redactado esos informes o es que no se quieren dar a conocer", dijo al respecto la portavoz adjunta popular, Lourdes Caselles. De hecho, Ivorra declaró esta semana que aún estaba esperando el veredicto de esos técnicos antes de pronunciarse sobre la demanda de los Puchades.

Caselles también advirtió de que en estas cuestiones el CDL "ha creado un precedente" después de que haya valorado como rústico el suelo de El Moralet, que da derecho a una indemnización a la propiedad mucho menor. Los Puchades piden en cambio indemnizaciones basándose en baremaciones de suelo urbano.