Los Puchades sostienen que el tiempo se ha agotado. Empresas vinculadas a esta familia o miembros de la misma a título particular han presentado una alegación ante el Ayuntamiento de Benidorm con el fin de que los presupuestos municipales de 2013 contemplen una previsión de fondos para la indemnización económica por su suelo en el famoso APR-7 de Sierra Helada. En la alegación, advierten de que el próximo 10 de mayo caduca el convenio de tres años que en 2010 firmó el alcalde, el socialista Agustín Navarro, para que los propietarios de 462.599 m2 en Sierra Helada obtuvieran, a cambio de la inclusión de ese suelo en el parque natural, terrenos edificables en otras partes del municipio aún por desarrollar. Si en ese plazo de tiempo de tres años no obtenían esa compensación en especie, tendrían derecho a una indemnización económica. Y eso es lo que ha pasado. De ahí que "ante la pasividad de la corporación", los Puchades reclamen el dinero al que dicen tener derecho y pidan que el mismo se incluya en la versión definitiva de los presupuestos. En la provisional, aprobada por el pleno en diciembre, no está.

Ahora bien, sobre el asunto pesa una gran duda jurídica y urbanística. En marzo de 2012 y después de nada más y nada menos que 22 años de idas y venidas, la Conselleria de Medio Ambiente emitió al fin una declaración de impacto medioambiental sobre el Plan General de Benidorm que ordenaba la protección de los terrenos de Sierra Helada. La decisión de Valencia pondría en entredicho los derechos urbanísticos de los propietarios del paraje y sobre todo abriría la puerta a que tuviera que ser la propia Generalitat, que es la que ha preservado ese suelo, la que afrontara las posibles compensaciones y no el Ayuntamiento.

La cuestión es así peliaguda. Y puede convertirse en una auténtica bomba de relojería para el actual gobierno local, integrado por PSOE y CDL, toda vez que ambas fuerzas políticas han tenido mucho que ver a lo largo de los años en los convenios firmados por el suelo de Sierra Helada. En realidad, lo que hizo Navarro en 2010, por cierto con el criterio contrario de su concejal de Urbanismo de entonces, el también socialista Jaime Llinares, fue renovar un convenio que ya en 2003 había firmado el alcalde de la época, Vicente Pérez Devesa, con los Puchades y con la empresa Edificaciones Calpe, de Andrés Ballester,. Según el acuerdo de Pérez Devesa después ratificado por Navarro, a esos propietarios de suelo se les debía compensar con unas 160.000 unidades de aprovechamiento -equivalentes a metros cuadrados de techo- en otras zonas del municipio aún por desarrollar como Armanello, Discotecas o Poniente. El problema es que una década después del convenio esos planes parciales siguen enquistados. Y en esta circunstancia se basa la reclamación económica de los Puchades.

Ahora es el CDL, fuerza política heredera de Pérez Devesa, la que ocupa la cartera de Urbanismo y la que, en consenso con el PSOE del propio Navarro, debe decidir sobre la cuestión. Al respecto, el edil de Urbanismo, el liberal Vicente Juan Ivorra, se mostró ayer muy cauto: señaló que son los técnicos municipales los que deben redactar un informe jurídico sobre la cuestión antes de la aprobación definitiva de los presupuestos de este año.

Hay quienes lo tienen más claro. En declaraciones a este diario realizadas en julio, Llinares señaló que a pesar de su criterio contrario a la renovación del convenio en 2010, como el acuerdo siguió adelante, gestionó una cláusula por la que si la Generalitat dictaminaba que el suelo de Sierra Helada no era urbano "el Ayuntamiento no tendría que responder de indemnizaciones económicas a los propietarios". Esa era la gran diferencia, agregó el exedil de Urbanismo, con la primera versión del convenio de 2003.

Y, según los Puchades, ¿a qué indemnización tendrían derecho? La alegación no especifica una cifra. Se limita a recordar que la indemnización económica con cargo al Ayuntamiento deberá equivaler "al valor real del aprovechamiento urbanístico, estableciendo para el mismo el precio que tengan los solares en los sectores previstos para la compensación o, en caso de no existir, para los más afines". Es decir, un precio en suelo urbano y no en suelo rústico, que es el que por el contrario sí ha impuesto la actual concejalía de Urbanismo en los polémicos terrenos de El Moralet que deben ser expropiados por el Consistorio. La salvedad es importante: la propietaria de El Moralet, una empresa participada por Enrique Ortiz, pedía basándose en el criterio de "suelo urbano" 47 millones; el Ayuntamiento se ampara en el concepto de "suelo rústico" para ofrecerle sólo 73.000 euros.

"Exigir y depurar responsabilidades"

La alegación a las cuentas de 2013 está firmada por Antonio Manuel Puchades, Alfonso Puchades y Jaime Puchades en representación de FPO y la mercantil MP Expansión. Todos ellos advierten de que si su reclamación no es atendida "se reservan el ejercicio de las acciones que resulten oportunas", tanto a la hora de impgunar los presupuestos "como en orden a depurar y exigir las responsabilidades que se deriven" del retraso en el pago de la indemnización. La alegación no está firmada por Edificaciones Calpe, de Andrés Ballester, en la actualidad en concurso de acreedores y que también firmó los convenios de 2003 y 2010. No obstante, los Puchades señalan que "en 2013 el Ayuntamiento deberá indemnizar a los propietarios que suscribieron aquellos convenios".