Nuevo escándalo urbanístico en Benidorm. Otro más. Al menos tres dictámenes técnicos realizados por funcionarios han detectado la existencia de cinco cédulas de segunda ocupación que supuestamente habrían sido expedidas por el Ayuntamiento pero que en realidad, según los informes, fueran falsificadas. Por si fuera poco, los documentos, fechados el 26 de agosto de 2008 y que debían servir para legalizar cinco viviendas ubicadas en un bloque de la calle Ramón y Cajal, llevan la firma del concejal de Urbanismo de la época, el popular José Ramón González de Zárate, quien el miércoles compareció ante el secretario municipal para asegurar que él no había firmado esos documentos y que por lo tanto entiende que esas rúbricas son falsas. En el texto de la comparecencia, Zárate anuncia "acciones judiciales" para esclarecer el caso.
El Ayuntamiento había abierto en enero de aquel mismo año, con Zárate como concejal, un expediente de infracción urbanística -que después fue continuado por los gobierno del PSOE- al considerar que la construcción de esas cinco viviendas suplementarias en el bloque, que tiene un total de 12 plantas, incumplía por exceso la licencia que recibió el edificio en 2002. La propietaria del bloque esgrimió las células para intentar legalizar los inmuebles a través de una alegación presentada en noviembre de 2012.
Lo sorprendente del asunto es que esta falsificación se habría realizado desde el ordenador de uno de los técnicos del Consistorio. Así lo advierte al menos uno de los informes, redactado por el funcionario que se encarga de las células de habitabilidad en el Ayuntamiento y que asevera que "al parecer en su día alguien entró en mi ordenador y accedió a la plantilla que se utiliza para realizar este tipo de documentos".
El mismo funcionario agrega que no tiene "nada que ver" con esta tramitación y explica que los cinco documentos llevan el número de expediente 72/08, que en realidad sirvió para tramitar poco antes, en julio de aquel 2008, la concesión de otra cédula que tenía como objeto una obra distinta que nada tenía que ver con la de Ramón y Cajal y cuyo titular era una persona diferente. O sea, que quien manipuló el ordenador del funcionario utilizó para realizar las cédulas falsas el número de otro expediente verdadero que fue sustituido en la base de datos municipal aunque aún se conserva en papel y que además sí habría sido firmada de verdad por Zárate, tal y como afirma este último en su comparecencia ante el secretario. La propietaria de la finca implicada pidió en marzo de aquel 2008 a través de otro expediente con número 35/8 cédula de segunda ocupación para otras 16 viviendas del inmueble, de las que se le concedieron 14 y se le denegaron, por parte de Zárate, otras dos.
Hay aún más peculiaridades. Los números del registro de salida del Ayuntamiento de las cinco cédulas de marras, que llevan fecha del 29 de agosto de 2008 -tres días después de su presunta y al parecer inexistente expedición-, son también falsos. Así lo atestigua un segundo informe municipal emitido el 7 de enero de 2013 desde el Registro del Consistorio y que certifica dos cosas: que los números no corresponden a ninguna cédula de habitabilidad a nombre de la propietaria y que en aquella fecha tampoco se tramitó ningún documento dirigido a aquella persona. Esas cifras, que en ocasiones apenas pueden distinguirse -las tapa el título del documento-, van de la 27.521 a la 28.521, lo que también es llamativo porque jamás el Ayuntamiento de Benidorm ha emitido mil documentos en un sólo día y porque son guarismos que en todo caso corresponderían a otras extensiones administrativas del Consistorio, nunca al área de Urbanismo.
Por fin, un tercer informe fechado un día después, el pasado 8 de enero, y realizado por el instructor de la infracción urbanística, acuerda desestimar por falsas las alegaciones de la propiedad en las que se hacía referencia a esas cédulas de segunda ocupación.
Identificar a los responsables
Por su parte, en su comparecencia ante el secretario, el edil del PP señala que durante su época como concejal de Urbanismo todas las licencias que rubricó fueron dictaminadas por la comisión informativa del ramo, aprobadas por el alcalde y acompañadas de informes técnicos y jurídicos, algo que en esta ocasión no se habría producido. Zárate también pide al Ayuntamiento "que realice las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos e identificar a sus responsables". Falta además saber qué sanción podría suponer esta infracción urbanística, que según algunas fuentes superaría los 60.000 euros.
Una pregunta queda flotando en el aire: ¿cuándo se produjo la presunta falsificación? Fuentes municipales señalaron que ese dato se desconoce. Pero existe una secuencia reveladora: desde que en enero de 2008 se abrió el expediente de sanción, la propietaria presentó varias alegaciones. Pues bien, al menos tres de las mismas se realizaron después de agosto de 2008, fecha en la que supuestamente la propietaria habría obtenido las cédulas pero a las que en su defensa nunca hizo referencia. Sólo nombra las mismas en una fecha tan tardía como noviembre de 2012, cuando presenta su última alegación.
Terrazas convertidas en hogares en antiguos apartamentos turísticos
El edificio denominado "finca Josefina" recibió en 2002 licencia de ocupación para apartamentos turísticos, según fuentes municipales. No obstante, en 2007 la Generalitat dio de baja la finca para esta actividad turística a petición de la propia dueña, quien señaló que había procedido a la división horizontal de los apartamentos "para ser vendidos a particulares". La Conselleria de Turismo constataba que ya entonces la finca se encontraba en "obras de remodelación". De hecho, fueron estas obras las que llamaron la atención de los celadores del área municipal de Urbanismo, quienes tras una inspección pudieron comprobar que se estaban añadiendo al edificio cinco nuevas viviendas, cuatro en la parte alta del edificio (plantas 10, 11 y 12) y otra en el bajo. Algunos de estos nuevos hogares se realizaron mediante el procedimiento de cierre de terrazas. Fue entonces, en 2008, cuando el Ayuntamiento abrió un expediente de infracción.
Las cédulas de segunda ocupación son fundamentales para que viviendas dedicadas a uso particular puedan recibir abastecimiento de agua y de luz. Según otras fuentes, la inexistencia de esas cédulas habría permitido a sus propietarios no pagar impuestos. Las viviendas no han sido vendidas, con lo que no se han producido daños a terceras personas.
