Las puertas del Ayuntamiento de Benidorm se convirtieron ayer en el escenario de una nueva protesta protagonizada por trabajadores o extrabajadores de una concesionaria pública. En esta ocasión fueron las antiguas empleadas de la escuela infantil El Tossalet, con el apoyo de casi medio centenar de familiares, padres de alumnos y miembros del sindicato Comisiones Obreras, las que se concentraron para exigir al gobierno local una solución a su situación laboral, tras haber sido despedidas por la nueva concesionaria del servicio, la mercantil Eulen.
La de ayer es una más de las protestas que estas diez afectadas iniciaron hace una semana y la primera vez que lo hacían ante el Ayuntamiento, pero no se han quedado ahí. Por el momento, la mitad de la anterior plantilla ha presentado ante la Inspección de Trabajo una denuncia en la que aseguran que la nueva adjudicataria les ha "prohibido la entrada al centro de trabajo sin comunicación por escrito" y tampoco les ha proporcionado "el certificado de empresa con la extinción de los contratos", algo que consideran una "grave infracción de la normativa laboral", según el escrito.
Además, Elena Montero, la hasta ahora directora de El Tossalet, avanzó que en los próximos días las diez afectadas tienen previsto presentar una demanda contra Eulen por despido improcedente, que también podría hacerse extensiva al propio Ayuntamiento al considerar que éste es "responsable subsidiario de la prestación del servicio" de la guardería.
Navarro: "Que decida un juez"
Antes de su concentración ante el Ayuntamiento, las afectadas mantuvieron una reunión con el alcalde Agustín Navarro, varios ediles del gobierno y el técnico de Contratación. El primer edil defendió la actuación municipal en el procedimiento de adjudicación de la nueva empresa -"Nosotros hemos cumplido escrupulosamente con la ley", dijo- y afirmó que el Consistorio está "al margen" del conflicto laboral que estas trabajadoras mantienen con la concesionaria.
"La empresa que ahora gestiona el centro no está obligada por convenio a subrogar a la plantilla y nosotros tampoco podemos obligarle", afirmó el primer edil, quien agregó que tampoco se recoge en el pliego y que el Estatuto de los Trabajadores "sólo lo prevé en casos especiales", dijo.
Por ello, consideró que "la única posibilidad que tienen es que un juez decida si deben ser readmitidas o no" y señaló que, en el caso de que el despido llegue a los tribunales, el Consistorio "les facilitará la documentación que necesiten".
