Quizás haya sido una de las últimas administraciones en hacerlo, pero al final el Ayuntamiento de Benidorm ha decidido dar marcha atrás y arriar su bandera: no pagará el 25% de la paga extra de Navidad tal y como estaba dispuesto a hacer prácticamente hasta ayer por la mañana. El motivo no ha sido que el gobierno local (PSOE-CDL) haya cambiado de opinión sobre el decreto de Mariano Rajoy que anula esa retribución. Más bien al contrario. Sigue considerándolo una "injusticia". Pero ha habido una novedad. El Consistorio ha recibido una misiva de la Subdelegación del Gobierno en la que le advierte de que si al final se realiza ese pago -unos 400.000 euros a cerca de mil funcionarios- los responsables legales serían aquellos funcionarios que firmaran y autorizaran la nómina. "Y lo que no vamos a permitir es que tengan que ser nuestros propios técnicos los que paguen por una decisión política que había asumido nuestro gobierno", dijo ayer la edil de Hacienda, la socialista Natalia Guijarro.
Las Navidades serán pues más duras de lo previsto para los bolsillos de los funcionarios de Benidorm. Eso sí, en enero podrán resarcirse. Porque como compensación, lo que sí va a hacer el ejecutivo local es adelantar a ese mes el pago del 50% de la extra de verano. Menos da una piedra. Esta medida compensatoria alternativa ya ha sido aprobada por otros ayuntamientos como el de Elche.
Guijarro se mostró ayer muy dura con el comportamiento del Gobierno Central en este asunto. La edil señaló que la "con la amenaza de culpabilizar a los funcionarios", Madrid "ata de pies y manos" a los representantes del municipio. Porque "si no se hubiera recibido la carta de la Subdelegación del Gobierno que podría acarrear consecuencias legales para los funcionarios hubiéramos seguido adelante". La citada misiva amenazaba en principio a aquellos trabajadores municipales, como el interventor o el tesorero, que firmaran la paga y no al resto de la plantilla.
De cualquier modo, el Ayuntamiento de Benidorm sigue convencido del carácter nocivo del famoso decreto aprobado en julio por Rajoy que anulaba el 100% de la retribución extraordinaria de diciembre. Guijarro lo calificó en primer lugar de "inconstitucional", ya que modifica un principio de la Carta Magna que garantiza que las nuevas normas no pueden aplicarse con carácter retroactivo. En este sentido, recordó en junio la plantilla municipal ya empezó a cotizar el IRPF de la paga extra navideña, pero el decreto no se aprobó hasta después, hasta julio. Además, también se estaría violando el Estatuto de los Trabajadores de la Administración Pública.
Pero es que además, la concejala de Benidorm consideró que el decreto del Gobierno Central del PP tampoco fomenta el ahorro público, ya que el dinero que se le retira a los funcionarios no se emplea para paliar el déficit en las administraciones, sino para un plan de pensiones para los funcionarios que en estamentos como los ayuntamientos no es obligatorio.
Guijarro también sostuvo que se perjudicará a la economía española, ya que miles y miles de funcionarios de todo el país "no se van a gastar dinero durante estas Navidades", con el consiguiente parón en unos índices de consumo ya maltrechos por la crisis. Por eso, la concejala cargó las tintas contra el presidente del Gobierno: "el señor Rajoy y sus cuatro ladrones se levantaron un buen día y dijeron, todo va arreglarse fastidiando a la opinión pública". Finalmente, Guijarro advirtió de que "tomaremos todas las medidas para luchar contra esa decisión". Al respecto, mostró su respaldo a los sindicatos que ya han denunciado ante el Constitucional este tijeretazo en plenas Navidades.
La dura y provechosa estrategia de Madrid
Cuando en julio Mariano Rajoy dijo que este año ningún funcionario cobraría la extra de Navidad no iba en broma. Y se ha demostrado. El Gobierno ha aplicado una estrategia contundente para evitar que ningún ayuntamiento se saltara el decreto de presidente. Ha impedido que consistorios como el de Alicante o el de Benidorm pagaran al menos el 25% de la retribución; ha obligado a través de un recurso ante el Constucional a hacer lo mismo al Gobierno Vasco con el 100% de la paga; ha forzado a otros consistorios, como el de Elche o también el de Benidorm, a adoptar medidas alternativas como adelantar a enero la paga extra del verano; e incluso ha denunciado al Ayuntamiento de Pontevedra por pagar un plus de productividad.
