El día 21 de este mes habrán pasado 40 años desde que se aprobara el decreto de la adjudicación de la autopista del Mediterráneo, la AP-7, en el tramo que enlaza Valencia con Alicante. La concesión se dio por 27 años (al amparo de la primera Ley Española de Autopistas que vio la luz aquel 1972), pero tal periodo se fue prorrogando hasta sumar cuatro décadas. Y aún quedan siete años más de explotación. El debate sobre su rescate hace tiempo que relegó la cuestión de si está amortizada, para pasar a si la Administración es hoy capaz de mantenerla. Para el PP, en las Cortes, está claro. Ese gasto es "inasumible". Así las cosas, los ciudadanos tendrán que seguir pagando peajes, aunque vivan, o se dirijan, a poblaciones que carecen de otras redes de comunicación más allá de la exigua N-332.
Esa falta de alternativas es lo que mueve a alcaldes de poblaciones de Las Marinas a reclamar la liberalización de la red, pese a la situación en que se encuentra la Administración pública.
Así se pronunciaba ayer el alcalde de Benidorm, Agustín Navarro. Para el primer edil del municipio que más turistas recibe de toda la Comunidad Valenciana "la autopista está más que rentabilizada, por ello se debía liberalizarse su pago de una vez". Navarro recordó que "para que una ciudad turística funcione una de las premisas que debe cumplir es tener una buena comunicación y en nuestro caso no tenemos otra opción, ni siquiera para llegar al aeropuerto, además tampoco tenemos tren. La autopista es nuestro único sistema de comunicación, y por ello reclamamos su liberalización aunque dudo que sea el momento por no haber presupuesto para su mantenimiento".
El alcalde de Benissa, Juan Bautista Roselló, también se pronunciaba esta semana en el mismo sentido. "Nos sumamos a la reivindicación de la liberalización del peaje porque la vía está más que amortizada. 40 años es un periodo más que suficiente para ello". Añadió además que "especialmente para los municipios de la Marina Alta y Baixa, como los de la Safor, no tenemos más remedio que pagar, pues no tenemos alternativas que sean gratuitas, como tienen otros municipios, por ejemplo, con la autovía del interior, lo que es una discriminación grave".
Las prórrogas
La ampliación de la explotación de la vía a Aumar (en sus orígenes Autopistas del Mare Nostrum), no es producto de la voluntad política de un sólo partido. Todos los que han rotado al frente del Gobierno central han puesto de su parte. El CDL la alargó cinco años, de 1999 a 2004, prórroga que sin hacerse realidad amplió con dos años más el PSOE en 1986. Pero tampoco llegó a materializarse antes de que el siguiente partido, el Partido Popular, hiciera lo propio. Y lo hizo pese a movimientos cívicos en contra en 1997, ampliando definitivamente la concesión 13 años más, hasta 2019.
