La Vila se echó ayer a la calle para protestar contra los valores del Impuesto de Bienes Inmuebles del municipio, que llevan generando protestas, denuncias y sentencias en contra desde hace tiempo. Más de 1.200 personas, según los organizadores, secundaron una manifestación multitudinaria que recorrió las calles del centro ayer por la tarde bajo el lema: "Valores catastrales iguales para todos". La movilización, convocada por la Plataforma Moderem l'IBI, tenía un objetivo claro: exigir al gobierno local que aplique las sentencias judiciales que ya hay y que han declarado nulos los actuales valores.

Los problemas que el IBI está acarreando y que todavía puede provocar en el municipio vilero no son baladí. Varias sentencias han anulado ya la actual ponencia de valores del Catastro, que data del año 2005, y que se realizó sobredimensionando los valores de las propiedades, según han denunciado vecinos, oposición y otros colectivos sociales y según ha reconocido el propio gobierno local.

Quienes han reclamado por la vía judicial contra esta ponencia han conseguido que les devuelvan hasta 5.000 euros por el IBI cobrado en exceso en sus propiedades durante todos estos años, según informaron desde la oposición municipal.

Después de que el alcalde de La Vila, Jaime Lloret, se reunieran con los miembros de la plataforma el pasado día 14 de noviembre, el colectivo decidió llamar a la movilización ya que "el señor alcalde nos dejó claro que su principal y diríamos único objetivo, cueste lo que cueste, es desviarse lo mínimo posible de las cuentas que tiene hechas en relación a la obtención de ingresos en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles", según señalaron ayer. El equipo de gobierno tiene previsto ingresar en torno a 15 millones de euros por el IBI el próximo año y ya avanzó que si se bajasen los valores catastrales subiría el tipo impositivo lo necesario para conseguirlo. "También dejó claro que no dispone de ninguna otra alternativa para cuadrar sus cuentas, como podría ser reducción de gastos de personal o de administración, autogestión de impuestos, optimización de recursos, u otras medidas a fin de disminuir gastos", señalaron desde la plataforma.

Por el momento sólo hay sentencias a nivel particular y el Catastro y el Ayuntamiento están esperando que el Tribunal Supremo se pronuncie respecto a la totalidad de la ponencia de valores. Sin embargo, todas las sentencias hasta ahora han fallado anulándola.

El pasado mes y tratando de amortiguar el caos en el que puede sumirse la economía municipal si finalmente se anulan los valores vigentes, en cuyo caso entraría en vigor la ponencia catastral de 1990, muy por debajo del valor actual de los inmuebles, el gobierno local redujo el tipo impositivo del 0,50 al 0,46%. Una reducción pequeña, quizás para obligarse a ir haciendo cuentas sin contar con todo lo que tenían previsto ingresar por el concepto del IBI.

"Consideramos que dicha propuesta ni de lejos cumple con los objetivos fijados por esta plataforma que son los de la aplicación inmediata de las sentencias dictadas por los tribunales y por lo tanto la igualdad impositiva en las mismas circunstancias para todos", indicaron desde el colectivo que quiso recordar que "a aquellos que recurrieron en su momento, este año ya les han aplicado la ponencia de valores de 1990 al declararse nula la de 2005, pagando unos recibos muy inferiores a los que pagan otros ciudadanos en las mismas condiciones fiscales".

El alcalde también anunció a la plataforma que "el año próximo habrá una nueva ponencia de valores". Sin embargo, el colectivo le recordó que "eso no depende de él". "Es fácil que el año próximo nos veamos en las mismas circunstancias que éste, de hecho ya prometió en marzo de 2010 que para el 2012 tendríamos una nueva ponencia mas justa en vigor, promesa que ha sido incumplida", añadieron desde la plataforma.