"La Conselleria está consiguiendo una justicia lenta, decadente y poco accesible". De esta forma se manifiesta el magistrado del juzgado de lo Social de Benidorm, Carlos Vegas, quien culpa a la Generalitat del fenomenal colapso que arrastra su tribunal, con una lista de espera de al menos tres años. Vegas agrega que "la Generalitat gestiona mal las competencias que le han sido cedidas y permite que la pensión que debe recibir un ciudadano se retrase dos años, un año el despido de un trabajador y si le deben salarios, tres".

Fue precisamente la administración autonómica la que se negó a aportar medios y personal para la creación de un segundo juzgado de lo Social en Benidorm, a pesar de que años atrás había sido aprobado por el Ministerio de Justicia. Así, el único juzgado que existe ahora en la ciudad turística recibe 1.900 casos al año y debe atender a las dos comarcas de la Marina, con una población equivalente por ejemplo a la del partido judicial de Elche, que en cambio cuenta con tres tribunales de esta índole.

A pesar de que la situación sigue siendo preocupante, Vegas matizó que la lista de espera en procedimientos no urgentes ha logrado reducirse de forma notable gracias al "parche" ideado por el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio, que se decidieron a contratar una jueza de apoyo y a ampliar la jornada laboral del secretario judicial. Así, se ha logrado "adelantar un año la agenda de juicios y lograr un ratio de lo Social menor que cualquier otro juzgado de lo Social en España".

Ahora bien, agrega el magistrado, "todo ha sido posible gracias al esfuerzo del personal, ya que la Generalitat, que es la que tiene competencia para proveer de medios humanos y materiales a los juzgados, sólo ha establecido como medida de refuerzo un funcionario, cuando los criterios de gestión aconsejaban un mínimo de tres". Vegas también acusa a esa administración de interferir obstaculizando el nombramiento de nuevo personal. La consecuencia es que la plantilla actual ha tenido que afrontar un "sobreesfuerzo" en forma de horas extras sin remuneración.

Para el juez "la Generalitat maltrata la justicia Social de Benidorm y de sus ciudadanos, amparándose en reglas demenciales de las bolsas de trabajo, en no sustituir los periodos de vacaciones y en taparse los ojos". Esta actitud llega incluso a provocar escenas surrealistas, como que los funcionarios "tengan que traer el papel higiénico de su casa ya que la empresa de la limpieza no los repone; que los folios estén prácticamente racionados siendo una lucha entre juzgados cuando llega una nueva remesa; que el mobiliario esté en lamentables condiciones cuando lo hay o que los recursos dedicados al mantenimiento del edificio sean escasos".

Que el Consell cambie de actitud parece difícil. Alude continuamente a la "falta de presupuesto" cuando se trata de reforzar el personal y ante la sugerencia de otras alternativas, como la ampliación de la jornada laboral a los funcionarios existentes o el desplazamiento temporal de personal de otros juzgados más descargados, "se recibe el silencio como respuesta".

"Por eso no deja de sorprenderme la dedicación del personal de mi Juzgado y de otros, que no en pocas ocasiones residen en Valencia y que (a la hora de desplazarse) tiene que asumir unos gastos ya de por sí menguados", agrega Vegas, quien incluso habla de "la alegría, la competencia y el tesón que la plantilla pone en su trabajo, lo que merece un reconocimiento que muchas veces la propia carrera judicial y los ciudadanos les niegan".