Después de guardar silencio durante cuatro días, el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, salió ayer a la palestra para defenderse tras hacerse público que un inmueble de su propiedad está inscrito en el Catastro con menos metros de los que realmente tiene. Y lo hizo mediante el ataque. El primer edil aseguró ayer que otros dos ediles del Ayuntamiento o sus familias poseen propiedades registradas también sin ajustarse a la realidad. Y lo escenificó, primero en el pleno y después en rueda de prensa, con un panel de fotografías en el que aparecían cuatro propiedades del portavoz del CDL, Ángel Martín Ferrer, y una de los padres del secretario general del PSOE, Vicente Santamaría, que, según el alcalde, no están inscritas correctamente.
La explicación de Cano
Cano aseguró ayer "tajantemente" estar "al corriente de todos los pagos del IBI de los que es responsable" y agregó que éstos pagos "cubren al 100% los metros reales de los inmuebles" que posee. Sí que reconoció que hay un error del Catastro en el inmueble que esta semana ha suscitado la polémica, situado en la avenida La Carretera, número 14, y del que él es propietario al 50% con su hermana, siendo su madre la que disfruta el usufructo. "De esa vivienda, la usufructuaria es mi madre y es mi madre la responsable del IBI", aseguró al tiempo que afirmó que el error que se ha detectado en la ficha técnica es "únicamente del Catastro" y "ya se ha pedido la rectificación". No obstante, el edil dijo que "el IBI sí se ha pagado correctamente", a pesar de que el cálculo del impuesto se basa en esa ficha.
Casas y negocios en desvanes
Inmuebles declarados como garajes que en realidad son locales comerciales y almacenes sobre el papel que son viviendas. Los escándalos en La Nucía parecen haberse desencadenado esta semana o, al menos, las denuncias entre unos y otros miembros de la corporación están revelando que la Dirección General del Catastro tiene mucho que corregir en el término municipal nuciero.
El alcalde arremetió principalmente contra el portavoz del CDL, Ángel Martín Ferrer, y aseguró que el edil "ha cometido un fraude al Ayuntamiento de 7.933,14 euros" por no ajustarse a la realidad el IBI de varios de sus inmuebles, según Cano. En concreto, el primer edil aseguró que Martín Ferrer tiene alquilados dos locales comerciales a dos entidades bancarias en el municipio, que suponen un "fraude al Ayuntamiento de 1.305 euros" y de "1.257 euros" , ya que "ambos locales están pagando "como almacén y garaje".
Asimismo, Cano aseguró que "la casa donde vive el concejal y donde tiene su fábrica" está sin actualizar desde 1971, lo que supone "dejar de declarar 400 m2 de vivienda, que son 4.550 euros de IBI que el Ayuntamiento le va a reclamar". Una reclamación que se produce justo cuando el CDL airea el error del Catastro en la propiedad del primer edil. A estas acusaciones, Cano sumó otro local comercial mal declarado y unas "obras ilegales" en su vivienda y pidió la "dimisión" del portavoz del CDL: "Si tiene dignidad y vergüenza, que se vaya a su casa".
Respecto a las acusaciones, Ángel Martín Ferrer declaró ayer: "No soy yo quien debe dar en estos momentos explicaciones sobre mi patrimonio" e insistió en que "es el señor alcalde quien debe dar explicaciones". El liberal señaló que en el caso de la propiedad del alcalde, que declara en el catastro una planta menos de las que tiene, "la usufructuaria, su madre, nunca es la responsable de la situación catastral y registral de una finca". El edil aseguró que sus "inmuebles están correctamente", que paga "puntualmente los recibos" y que en sus locales todos los negocios "tienen licencia otorgada por el Ayuntamiento", aunque no dijo nada respecto a si están declarados como almacenes y garajes.
En cuanto al concejal y secretario socialista, Vicente Santamaría, el alcalde denunció en rueda de prensa que sus padres poseen una tienda y una vivienda que "cotiza como almacén". Incluso llegó a acusar al edil por el empadronamiento de su sobrino en La Nucía, pese a residir en Callosa, para "quitarle su plaza y sus subvenciones a un niño nuciero al que sí le corresponden". Santamaría, que afirmó sentir "vergüenza del comportamiento del alcalde", aseguró que su sobrino se empadronó en La Nucía para que pudieran recogerlo los abuelos del colegio y afirmó que sus padres "lo tienen todo en regla y si hay algo que está mal, el Ayuntamiento debería notificárselo".
La cuestión de los cambios
Preguntado Cano por si estos casos también pudieran ser errores del Catastro, como en el caso de su propiedad, el alcalde aseguró que "no" porque "han hecho cambios" en sus propiedades que "debían haber comunicado al Catastro". Cabe recordar que Bernabé Cano firmó en 2002 la aceptación de la herencia de su padre en la que asumió la propiedad del polémico inmueble, y en esa fecha siguió declarándolo como un desván "con destino a almacén", según el registro. Sin embargo, desde 1985 consta de un garaje en planta baja y otras tres plantas en altura destinadas a vivienda, según confirmó ayer él mismo. Por otra parte, desde el CDL ya denunciaron que en la propiedad del alcalde se hicieron obras en 2007 agregando "un garaje, un estudio y una piscina que no se comunicaron".
Controversia en l'Alfàs por el coche de la concejala Isabel Davó
El grupo municipal popular de l'Alfàs del Pi acusó ayer a la concejala de CPA'S, Isabel Davó, de un posible "delito de cohecho impropio" tras asegurar "utiliza desde hace más de dos años un coche particular que esta a nombre de una mercantil que mantiene relaciones comerciales indirectamente con el Ayuntamiento". La concejala afirmó ayer que "en primer lugar, esa empresa no trabaja para el Ayuntamiento" y, en segundo lugar, que el coche que conduce es de su hermano y no de esta mercantil. "Mi hermano compró ese coche hace ya seis o siete años a esa empresa y me lo prestó porque no lo utilizaba", indicó Davó quien afirmó que "tiene el contrato de compra-venta y el seguro a su nombre", aunque reconoció que pudo no haberse formalizado la transferencia en la Dirección General de Tráfico. Tanto el PP como Davó anunciaron que estudiarán emprender acciones legales ante esta polémica.
