El pleno del Ayuntamiento de Altea aprobó ayer las ordenanzas por las que por primera vez cobrará una tasa a los alumnos del centro de formación de personas adultas L'Algar (antigua EPA) que cursen tanto enseñanzas regladas como no regladas. Según destacaron ayer desde el gobierno local, "el objetivo de ambas ordenanzas es conseguir su sostenibilidad económica para el futuro". El concejal de Presidencia, Jesús Ballester, aseguró que "sólo si el usuario contribuye, se garantiza su existencia ya que, por un lado ayuda a su financiación, como se recoge en las leyes de estabilidad presupuestaria municipal, y por otro conciencia al usuario de que el servicio tiene un coste, aunque él contribuya a sufragar una parte muy pequeña del mismo".

No fue el único edil que salió a la palestra para argumentar una de tantas medidas antipopulares que están tomando los ayuntamientos en los últimos tiempos. La concejala de Educación, Aurelia Álvarez recordó, "desde hace muchos años, el Ayuntamiento de Altea venía prestando este servicio, aún no siendo obligatorio" pero destacó que, "al no suponer hasta ahora ningún coste para el alumno, promovía la matriculación de usuarios que, a lo largo del curso, abandonaban los estudios" y destacó que según la formación el índice de abandonos oscilaba entre el 20 y el 60 por ciento.

Ballester también incidió en que "se han puesto precios muy por debajo del coste real", además de un sistema de pagos fraccionados para dar "la máxima facilidad para el pago". Asimismo, añadió que el gobierno local está "estudiando que el Presupuesto de 2013 incluya la subvención del servicio para colectivos especiales, como parados o jubilados".

Lo cierto es que a partir de ahora las matrículas costarán 30 euros, las pruebas de nivel costarán 10 euros y los cursos tendrán diferentes cuotas que se calculará en función de las horas.