Un familiar del alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, "será el ganador de la oposición para una plaza de Graduado Social, convocada por el Consistorio el pasado 6 de julio en el BOP, a pesar de que esta ya existe y está ocupada por un funcionario". Al menos así lo anunció ayer la portavoz del PSOE en la localidad, Pepa Iborra, quien añadió que el citado familiar ya ha venido desarrollando la labor de Graduado Social de manera temporal, gracias al programa "Salari Jove", desplazando con ello a la funcionaria que venía desempeñando estas funciones sin justificación alguna, ni tampoco previo aviso.
Según Iborra, en tal circunstancia el familiar del alcalde ha accedido al manejo directo de las nóminas de los trabajadores municipales, la gestión de servicios extraordinarios y productividades, la realización de nuevos contratos y la gestión de los procesos selectivos, el control de los partes vacacionales y de las bajas médicas. Todas esas tareas, entre otras, las asumió el familiar, según el PSOE, apartando a una funcionaria neutral para poner en su lugar a alguien que pudiera controlar cualquier mínimo movimiento en el área de Personal que pueda no ser del agrado del primer edil.
Este medio intentó ayer en vano, en reiteradas ocasiones, hablar con el primer edil o conocer la postura del gobierno nuciero al respecto.
Funcionarios "inactivos"
Cabe recordar, según apuntó Iborra, que las últimas inspecciones de trabajo realizadas por técnicos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Alicante detectaron a funcionarios inactivos, sin funciones que desarrollar, aislados sin previo aviso y sin diálogo alguno de sus tareas anteriores. Los informes denuncian que el Ayuntamiento "no ha cumplido con sus obligaciones en materia de planificación, control y seguimiento de la efectiva ejecución de las medidas preventivas de necesaria aplicación a nivel psicosocial", relativas a estos empleados públicos. En esos informes se abre la posibilidad de denunciar al Consistorio por incumplir la legislación en prevención de riesgos laborales, al no existir igualdad de condiciones entre funcionarios, y por vulnerar la Ley de la Jurisdicción Social.
