En la mayoría de ocasiones, los trámites de la administración son lentos. Pero a veces se convierten en eternos. La Conselleria de Medio Ambiente ha emitido al fin la declaración de impacto ambiental del Plan General (PGOU) redactado por Benidorm nada más y nada menos que en 1990. Han transcurrido 22 años. Ahí es nada.La declaración, formulada el pasado 9 de marzo, ordena la protección de 1,6 millones de m2 en parajes de gran sensibilidad medioambiental ubicados en Cerro Cortina y Sierra Helada que el citado PGOU, que es el que aún está en vigor en la ciudad, pretendía urbanizar. Además, incrementa el grado de preservación de l'Illa. Y tiene consecuencias de calado: anula parte de un plan parcial con campo de golf incluido que llevaba mucho tiempo tramitándose en Cerro Cortina y pone en entredicho los derechos urbanísticos adquiridos hace una década por varios propietarios en la parte alta de Sierra Helada.

La cronología de los hechos es la siguiente. El Ayuntamiento de Benidorm aprobó en marzo de 1990 el PGOU, que fue pactado por el PSOE de la época y por el PP de la época, y se lo remitió a la Conselleria de Medio Ambiente. Este último departamento ratificó en noviembre todo el planeamiento a excepción de las áreas de Cerro Cortina, Sierra Helada y L'Illa, que quedaban suspendidas a la espera de que se realizase el estudio de impacto ambiental que ha tardado más de dos décadas en producirse. En esas zonas, el Ayuntamiento aspiraba a permitir la urbanización de 2,4 millones de m2 pero la declaración ahora dictada reduce esa cifra a 740.000 m2 y protege el resto, es decir, los 1,6 millones de m2 antes citados, que de esta forma quedan definitivamente blindados del avance del hormigón.

En Sierra Cortina, la superficie que ahora se preserva es la situada por encima de la cota 400 del nivel del mar, 700.000 m2 que el PGOU consideraba suelo urbanizable programado y que ahora ya no lo será. Esta decisión supone la anulación, en el denominado Plan Parcial 5-1 de aproximadamente la mitad del proyecto de urbanización Els Lliriets, que englobaba un total de 1,4 millones de metros, sobre los que se proyectaban 1.000 viviendas y un campo de golf. Precisamente, la carencia de la declaración ahora emitida había paralizado a mediados de la década pasada el proyecto, en danza desde los años ochenta.

En Sierra Helada, son dos las zonas afectadas. La de más trascendencia es el famoso APR-7, también conocido como "Rincón de Loix", que en 1990 el Consistorio catalogaba como suelo urbano y que ahora se protegen de forma íntegra. Son 542.000 m2. La decisión abre una profunda incógnita: en 2003, el gobierno regido entonces por Vicente Pérez Devesa firmó una serie de convenios urbanísticos para compensar a varios propietarios con unas 160.000 unidades de aprovechamiento -equivalentes a metros cuadrados de techo- en otras zonas del municipio aún por desarrollar-Armanello, Plan Discotecas o Poniente- a cambio de que esos terrenos se incluyeran en el Parque Natural de Sierra Helada, que iba a aprobarse poco después. El problema es que, como ahora queda demostrado, en el PGOU ese suelo nunca fue urbano. Así que deberán ser los técnicos los que diluciden si esos propietarios tenían derecho a esas unidades de aprovechamiento o si es la propia Conselleria la que debe compensarlos en caso contrario. Además, Medio Ambiente también protege otros 400.000 m2 del Pau 2, por encima de la cota de 75 metros de esta montaña.

La declaración aporta informes que desautorizan el ladrillo en las dos sierras debido a su altitud, al gran impacto visual que hubiera supuesto una posible urbanización así como el valor de flora y fauna de ambas zonas. Por fin, la Conselleria también protege l'Illa, que en el PGOU de 1990 se consideraba suelo no urbanizable común, algo que según arguyen los técnicos autonómicos hubiera comportado un "impacto crítico".

¿Qué sucedió entre 2000 y 2011?

Primera pregunta: ¿Cómo es posible tardar 22 años en realizar una tramitación? Entre 1990 -año en el que se aprueba el Plan General- y 2000, Ayuntamiento de Benidorm y Conselleria cruzaron un sinfín de informes para que la declaración de impacto ambiental del PGOU pudiera ver la luz. Sin embargo, a partir de 2000 y hasta 2011 se produce un asombroso parón, si se exceptúa una solicitud sobre un informe por parte del servicio territorial del Consell en 2007. Nada más. Así que, segunda pregunta: ¿Qué sucedió en aquellos 11 años? ¿Qué hizo la Conselleria y qué hizo el Ayuntamiento? Porque durante aquel tiempo no es que no hubiera gestión urbanística en Benidorm, precisamente: por ejemplo, los convenios con propietarios de Sierra Helada se firmaron entonces, en 2003. Lo cierto es que el Consistorio reactivó la petición de la declaración en abril de 2011, ya bajo el gobierno del PSOE, y que ésta ha llegado ahora. El siguiente paso, según fuentes municipales, será solicitar informes jurídicos y celebrar reuniones con la Conselleria para indagar los efectos de la decisión de proteger 1,6 millones de m2 que en parte ya se encontraban preservados por otras figuras jurídicas: la declaración de parque natural de Sierra Helada, de 2005, en el caso del APR-7 y la de paisaje protegido, de 2006, en el de parte de Sierra Cortina.