Benidorm alerta del grave colapso de los juzgados si se une La Vila

La agrupación de los partidos judiciales en la Marina Baixa resultaría especialmente "contraproducente" para el único juzgado de lo Social que está funcionando en Benidorm, toda vez que el segundo, aunque ya está creado -se fijó su funcionamiento para junio de 2011- fue suspendido ese mismo mes por la Generalitat debido a la falta de "medios materiales y personales". Ese escueto juzgado atiende ya en la actualidad a una población de derecho de 323.295 personas, toda vez que además del partido judicial de Benidorm (122.922 habitantes ) incluye al partido de Dénia (200.373 habitantes). Es la mayor carga de trabajo de un tribunal de este ámbito en la provincia -se están fijando juicios para 2015- por delante de Elche -donde existen tres juzgados de lo social, cada uno de los cuales atiende 228.636 habitantes- o Alicante -siete juzgados cada uno de los cuales trabaja sobre un área de 131.011 ciudadanos-. Ahora bien, si la famosa reagrupación judicial se consolida, la saturación en Benidorm, que ya es de por sí notable a la luz de las anteriores estadísticas, se incrementaría aún más: pasaría a atender a 393.538 habitantes, ya que deberían incluirse los 70.243 vecinos del partido judicial de La Vila, que hasta ahora dependen de Alicante. Lo mismo sucedería en el ámbito Penal, donde la capital de la Costa Blanca cuenta con tres juzgados de esa tipología que también atienden los casos derivados de la Marina Alta.

El citado informe sobre el Juzgado de lo Social resalta que ese agravio ya es evidente si se atiende sólo a la población de derecho que vive en las dos comarcas de la Marina. Pero matiza que "si las que aplicásemos fueron las cifras de población de hecho, de la población real, la ratio de habitantes aumentaría aún considerablemente". En este sentido, sostiene que cualquier nuevo mapa judicial ha de "estudiar a fondo" la realidad "turística" de esas dos comarcas, que durante numerosas fases del año supera con mucho esos 393.538 vecinos contabilizados sólo por la demografía oficial.

Así, en las actuales condiciones, la conclusión parece clara: "el volumen de trabajo -con la reagrupación- sería inasumible para un solo juzgado de lo Social, mermándose considerablemente la calidad del servicio que se ha de dar al ciudadano y aumentándose el tiempo de respuesta a las demandas, con lo que no se conseguiría uno de los principales objetivos de la propuesta aprobada por el Consejo General del Poder Judicial, como es mejorar la calidad del servicio público de la justicia".

Ahora mismo el juzgado de lo social cuenta con una juez de refuerzo que, no obstante, dispone de prácticamente el mismo personal que el juez titular y que sólo tiene asegurada su presencia en Benidorm hasta septiembre, sin que existan garantías de que su servicio será renovado. En este sentido, una unidad inspectora del propio CGPJ realizó durante el pasado mes de abril un informe que se hace eco de esta situación y que no tiene desperdicio: "El juzgado de lo Social soporta una carga de trabajo elevadísima, superando ampliamente el indicador de entrada en esta materia, siendo la pendencia también muy elevada". Ante esta tesitura, la inspección pedía a la Conselleria de Justicia dos cosas: en primer lugar, más recursos materiales y humanos: "que incremente el personal auxiliar de apoyo a la juez de refuerzo, que reconozca prolongaciones de jornada al secretario judicial y al personal que así lo pida y que tenga en cuenta el elevadísimo volumen de entradas en un juzgado que funciona simultáneamente con dos jueces así como de los medios materiales que necesite". Y, en segundo lugar, la inspección también solicitaba a la Conselleria "que ponga efectivamente en marcha el juzgado de lo social número 2 de Benidorm, ya creado y constituido y que tiene suspendida, inexplicablemente, su puesta en funcionamiento".

Porque, eso sí, si la ciudad turística pudiera disponer de ese anhelado segundo juzgado de lo Social que tiene asignado pero que aún duerme el sueño de los justos, el propio informe presentado ante la asamblea de jueces admite que la demarcación del CGPJ sería más asumible. La ratio entonces por habitante se reduciría a 196.769 habitantes, similar pues a la del resto de la provincia.

El paquete de alegaciones a la propuesta del CGPJ matiza en ese sentido que, siempre y cuando funcionen dos juzgados de lo Social, la reagrupación podría ser beneficiosa para los habitantes del actual partido judicial de La Vila, "ya que ahora han de acudir a los juzgados de Alicante, donde el aparcamiento es misión imposible y están un poco alejados de la estación de autobuses y del ferrocarril". Eso, en cambio, no ocurre en Benidorm, cuyo Palacio de Justicia se encuentra a pie de autopista, al lado de la terminal de autobuses y cercana a los apeaderos del TRAM. Además, dispone de aparcamiento propio y de otro parking en la estación con capacidad para 700 plazas.

La reinvidicación imposible de Dénia en el ámbito penal

En el muro de las lamentaciones por los problemas judiciales que sufren las dos comarcas de la Marina, también tiene un nombre propio la reivindicación de Dénia de contar con un juzgado propio de lo Penal que evitara tanto a los profesionales como a los cuerpos de seguridad desplazarse a Benidorm, como lo hacen en la actualidad. La demanda de la capital de la Marina Alta jamás fue atendida, a pesar de que durante años la exigieron tanto el sector de la justicia como los políticos locales: en una fecha ya tan lejana como 2006, la alcaldesa de la época, la socialista Paqui Viciano, reclamó ese juzgado ante el Gobierno de Madrid. Y en 2007, la memoria del TSJ de la Comunidad Valenciana también hablaba de la instalación de esa dotación judicial en Dénia como de una "necesidad perentoria", debido al gran número de casos que se producían en la comarca. El último intento fue que se creara un nuevo juzgado de lo Penal en Benidorm, pero con sede en Dénia. Tampoco prosperó.