El Bloc de Callosa d'en Sarrià ha exigido al alcalde, Batiste Saval, acabar con las "represalias" que dice sufren empleados municipales o trabajadores vinculados al consistorio por no pertenecer al Partido Popular. Según explicaron, "la persecución que el gobierno popular ejerce en determinadas personas que han mostrado su apoyo a otro partido es preocupante, más propia de otras épocas". Ponen tres ejemplos (que están en boca de todo el pueblo). El de Àngel Viciano (miembro del Bloc, despedido), Joana Montiel (afiliada y expedientada en la biblioteca) y Guadalupe Manera (madre del edil Joan Tasa, trasladada). Para el alcalde, Batiste Saval, los tres casos no están relacionados entre sí y desmiente que haya amenazado a nadie por afinidad política ni ordenado tal cosa a sus personas de confianza.
Para Vicent Llobell, cabeza de lista del Bloc, lo que ha sucedido con las citadas personas confirma lo contrario, más cuando todos se han producido después de que el regidor Joan Tasa acusara al alcalde de discriminarle por la edad al decir en un pleno que no tenía por qué escuchar sus "niñerías" cuando pidió cuentas sobre la gestión y deuda municipal.
La primera "represalia" la sufre Àngel Viciano. Llobell recuerda que Viciano empezó a trabajar en 2009 en Urbaser, empresa que limpia las calles del pueblo, y fue hecho "fijo" a los seis meses, no teniendo problema alguno "hasta que apareció en la lista electoral del Bloc" de las últimas municipales. "Recibió una advertencia telefónica de un afiliado del PP que le dijo que no era compatible trabajar allí e ir con el Bloc. También recibió insinuaciones de gente vinculada al PP diciéndole que lo mejor que podía hacer si quería conservar su puesto de trabajo era afiliarse al PP". Hasta marzo, según añade su compañero de partido, no contaba con amonestación alguna. Incluso cuando alguien le acusó de arrancar carteles del PP en elecciones la empresa le defendió. Pero el pasado 16 de marzo cambió de opinión. Se presentaron en la zona donde trabajaba dos encargados de la adjudicataria y un abogado con la carta de despido.
El alcalde callosino Batiste Saval no tiene que nada que decir al respecto. "Las explicaciones del despido se las tienen que pedir a la empresa, no al Ayuntamiento".
El segundo caso es el de Joana Montiel, bibliotecaria desde hace 25 años. Según Llobel, "desde la mayoría absoluta del PP todo son problemas, el último es que le han dicho que no puede atender a las preguntas de unos chavales magrebís, dejando caer como que estaba dando clases particulares".
Para Batiste Saval, atender a esos chicos, "independientemente del país que sean", desatiende otras funciones. Para Joana Montiel "orientar los servicios a los usuarios", más aquellos con necesidades especiales, forma parte de su cometido. La ayuda, obviamente, es gratuita, y la queja, "fruto solo de una situación de "acoso laboral" para Joana.
El tercer caso es el de la madre del joven concejal Joan Tasa. Guadalupe Manera empezó a trabajar en el Ayuntamiento con un contrato en las taquillas del Algar en 2007. En 2009, la hicieron encargada de la oficina AMICS creada por el PP para atender inmigrantes, que también hace un seguimiento del padrón. Para ello recibió formación especializada. Dos meses después de que su hijo denunciara la actitud del alcalde hacia él, se decidió su traslado al Algar como auxiliar de taquilla. Hoy está de baja por depresión.
Batiste Saval explica que su traslado es fruto del plan de ajuste municipal, volviendo a reubicarla en su plaza, como se ha hecho con otras tres personas que no se han quejado. Dice que el plan se ha hecho para evitar despidos. Sobre la baja cree que "la depresión la tienen que tener los 5 millones de parados que no encuentran trabajo, y no quien lo conserva".
Desde el Bloc recuerdan que a Tasa, cuando se presentó en la lista, hubo gente que le dijo "en público que fuera con cuidado porque le debía dos favores al alcalde haciendo referencia a los trabajos de su madre y su hermana, que trabaja en el asilo".
Tras la publicación en INFORMACIÓN de las quejas de Tasa, "el secretario del Alcalde telefoneó a su madre pidiéndole que acudiera a su despacho por trabajo, siendo recibida por el arquitecto técnico, quien la amenazó con una querella criminal contra su hijo", recordó Llobell.
El alcalde se desmarcó de este asunto. "Ya lo dije en un pleno, que no sabía de qué hablaban, porque no lo sé", insistió.
