Decididamente, la forma en la que el gobierno local de Benidorm (PSOE) está tramitando el festival del Low Cost que se celebrará este verano no está gustando nada a los técnicos. El interventor municipal elevó el pasado 16 de febrero un informe en el que censuraba el hecho de que el alcalde, el socialista Agustín Navarro, hubiera aprobado justo el día anterior una primera factura de 177.000 euros a la empresa organizadora del evento a pesar de que esta última compañía no ha presentado el aval que garantice la celebración del evento, tal y como además se estipulaba en el contrato firmado en enero entre el Ayuntamiento y la mercantil, Low Cost Festival S.L. El técnico calificaba ese trámite como "esencial".
Pero es que por si fuera poco, el día 17 el primer edil aprobó una segunda factura de otros 177.000 euros -que vienen a completar el pago global de 354.000 euros- conociendo pues el dictamen del interventor. Por cierto que no es la primera vez que un técnico censura esta forma de proceder: el abogado del Estado que asesora a Casa Mediterráneo -entidad que había previsto pagar al certamen 150.000 euros- ya alertó de que sin aval no se debía pagar a la empresa. Lo hizo en una fecha ya tan lejana como noviembre del año pasado, tal y como publicara este diario.
Un seguro dudoso
El asunto es farragoso. Y tiene aristas oscuras. En realidad, cuando el día 15 Navarro aprobó una primera factura, ya conocía que el interventor se oponía a este procedimiento, tal y como admite el munícipe en su resolución. De cualquier manera, tanto a la hora de pagar esa primera factura como la del día 17, los motivos por los que el alcalde decide "levantar el reparto del interventor" son los mismos: Navarro considera que la adjudicataria ha presentado una póliza de seguro de cancelación del espectáculo por la cantidad de 354.000 euros "que viene a garantizar las cantidades abonadas a cuenta por este Ayuntamiento en caso de no celebrarse el evento". Por el contrario, los técnicos consideran que dicha póliza no garantiza que el Consistorio recuperara en ese caso su dinero. Ese es uno de los ejes de la polémica.
Además, el alcalde también justificaba el pago de los 354.000 euros aduciendo que la celebración del espectáculo "requiere contratar a los artistas con muchos meses de antelación"" y que "la organización del evento ya está cerrando los compromisos con hoteles y campings de la ciudad incluida la venta anticipada de abonos" para los conciertos. En ambos trámites, por cierto, el alcalde retira la competencia de la orden de pago a la edil de Hacienda, la también socialista Natalia Guijarro. No es la primera vez que el primer edil mantiene diferencias de criterios con su concejala.
Por su parte, el interventor también objeta en su reparo que se viola la segunda cláusula del contrato: la misma alude a que el pago al Low Cost no se debía realizar hasta el 30 de junio. En realidad, lo que es ingresos en la cuenta bancaria de la empresa, el Ayuntamiento sólo ha realizado uno, el de los primeros 177.000 euros, que fueron abonados el pasado 5 de marzo. Y también en ese paso el funcionario tuvo algo que objetar: en la relación de pagos advirtió de que no se estaba respetando la prioridad de abonos con respecto al ejercicio anterior y de que en ese momento aquel ingreso se realizaba "sin tener garantizada la liquidez para cubrir los gastos en materia de Personal".
Carta al banco
En cuanto a la segunda factura, lo que es pagarla el Consistorio no la ha pagado: la endosó el pasado 22 de marzo, otra vez con la firma del alcalde, a una entidad bancaria, lo que de cualquier manera a la mercantil le viene muy bien porque ya puede obtener los otros 177.000 euros. Cierto es que por su parte el Ayuntamiento ya ha contraído con ese banco una obligación de pago, pero podrá decidir cuando la hace efectiva. Eso sí, el 16 de febrero, el mismo día en el que el interventor remitió su informe, Navarro envío una carta al banco en la que le comunica que la empresa había presentado como garantía un seguro de cancelación. El mismo de cuya efectividad dudan los técnicos.
El PP pide una auditoría y estudia medidas legales
"Por delante quiero dejar claro que el PP nunca se ha opuesto al Low Cost ni a eventos que beneficien a Benidorm, pero nuestro deber es exigir que las cosas se hagan bien y más cuando se está jugando con dinero público". Y para el portavoz popular, Antonio Pérez, las cosas no se están haciendo bien: de hecho, esta fuerza política anunció ayer que exigirá que se audite el expediente del festival y que se depuren responsabilidades. Pérez agregó que en caso de que el Ayuntamiento no realice esa auditoría "desde el PP acudiremos a los tribunales".
Los populares sostienen que es "inconcebible" que Benidorm haya pagado 354.000 euros por un servicio que todavía no se ha prestado y sin que la empresa haya garantizado a través de un aval la inversión que está realizando la administración municipal. "Se está poniendo en riesgo ese dinero y se están desoyendo las advertencias del interventor". Pérez también criticó la "falta de prioridades" del Consistorio, que ha admitido tener una deuda hasta el 31 de diciembre de 2011 de al menos 57,7 millones con los proveedores mientras realiza "este desaguisado infumable".
