El alcalde de Finestrat, Honorato Algado, intentó ayer tirar balones fuera y trasladar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) parte de la responsabilidad por la riada que el pasado 21 de octubre anegó el mercadillo de La Cala y acabó con la vida de dos turistas británicos. El regidor declaró ayer ante la juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Benidorm, que lo ha imputado por un presunto delito de irresponsabilidad con resultado de muerte y lesiones. Durante su comparecencia, Algado manifestó que la CHJ "en ningún momento" advirtió el peligro que suponía la instalación del mercadillo sobre el cauce de un barranco y que, por tanto, no prohibió que se ocupara el cauce con este fin.

Acompañado en todo momento por su letrado, el catedrático Javier Boix -que también defendió a Francisco Camps en el caso de los trajes-, el alcalde de Finestrat respondió durante cerca de hora y media a las preguntas de la magistrada, el Ministerio Fiscal y dos abogados: su defensor y una representante de la acusación particular, que defiende los interese de uno de los cinco heridos en la riada. En su declaración, el primer edil dijo que la Confederación Hidrográfica del Júcar no prohibió la instalación del mercadillo en esta zona, a pesar de que el organismo de cuenca abrió un expediente, sancionó al Ayuntamiento con algo más de 83.000 por la ocupación ilegal de la zona y le obligó a restituir el cauce a su estado original. Según fuentes judiciales, Algado habría señalado ante la juez que dicho expediente tan sólo obligaba al Consistorio a retirar el asfaltado del cauce y que en el mismo, la CHJ sí trasladaba que no se podía ocupar el barranco sin obtener previamente un permiso de este organismo o sin pagar un canon, pero no advertía del peligro de su instalación.

El primer edil de Finestrat también insistió en que el día de la riada, no estaba activada la preemergencia por lluvias y que, por tanto, no se podía prever una catástrofe como la ocurrida.

Citación de perjudicados

Junto a Honorato Algado, la juez que instruye el caso escuchó también ayer la declaración de tres de los cerca de 150 comerciantes que el 21 de octubre montaron su puesto en el mercadillo de Finestrat y lo perdieron todo con la riada. Los vendedores, citados en condición de perjudicados, fueron preguntados sobre las circunstancias acaecidas el día de las inundaciones y si están conformes con la cuantía de las ayudas entregadas por el Consistorio, que ascendieron a 70.550 para todos los afectados. Fuentes judiciales señalaron que todos ellos podrían también personarse en la causa abierta por este juzgado para reclamar daños y no descartaron que en los próximos días la magistrada siga citando a más comerciantes para conocer su versión.