El Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB) de Benidorm pondrá en conocimiento de los juzgados "el incumplimiento" por parte del Ayuntamiento de varias "ejecuciones forzosas" de sentencias dictadas contra la administración local. Fuentes del SPPLB han señalado que al no cumplir las ejecuciones forzosas de estas sentencias se está "incurriendo en responsabilidades graves de desobediencia a los tribunales". Las mismas fuentes aludieron a cuatro sentencias ganadas por el sindicato al Ayuntamiento en 2011, referidas en todo caso a agentes de la Policía Local y que obligarán a las arcas municipales a desembolsar unos 30.000 euros.
La primera de ellas, dictada el 29 de marzo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Alicante, condena al ayuntamiento a abonar "25.000 euros más los intereses legales" en concepto de dietas impagadas "a los oficiales de la Policía Local". Por la segunda y la tercera, de abril y octubre de 2011, el consistorio debe abonar "sobre 5.000 euros más los intereses legales a dos agentes por el impago de productividad". Y la última, del pasado 17 octubre, condena al Ayuntamiento a asumir el pago de "800 euros más los intereses legales a un oficial que no percibió esta cantidad por la asistencia a juicios".
Desde el SPPLB señalaron que "esta demora y dilación por parte del equipo de gobierno" a la hora de aplicar estas sentencias "es la mayor injusticia cometida contra el colectivo de la Policía Local de Benidorm".
Al respecto de estos fallos judiciales, la edil de Recursos Humanos y Hacienda, Natalia Guijarro, explicó que "el Ayuntamiento reconoce y va a ejecutar" estas sentencias, y añadió que las mismas están en Intervención para proceder "a la retención de crédito" pertinente para cumplirlas. No obstante, Guijarro matizó que tanto estas sentencias como otras pendientes de ejecución -y que nada tienen que ver con Recursos Humanos- "se pagarán cuando haya liquidez" y "ahora no la hay".
La edil incidió en que en estos momentos "no hay dinero ni partida presupuestaria para cumplir las sentencias", una situación de la que el Ayuntamiento ya ha informado "a los afectados y a alguno de los tribunales" que las han dictado.
