El sistema de promoción interna en el Ayuntamiento de Benidorm alentado por su alcalde, Agustín Navarro (PSOE) vuelve a echar chispas. Navarro ha impulsado de nuevo un concurso-oposición, cuyas bases fueron publicadas ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), después de que diversas sentencias judiciales, tras denuncias presentadas por la central sindical CSIF, hayan anulado las mismas oposiciones convocadas también bajo el gobierno socialista con anterioridad. Esos procesos selectivos, realizados a finales de 2009 y a lo largo de 2010 y que sirvieron para habilitar 7 plazas de coordinadores y jefes de diversos departamentos municipales, fueron ocupadas por funcionarios "afines no sólo al PSOE, sino al equipo de gobierno", según señaló ayer el portavoz del PP, Antonio Pérez. Entre los funcionarios promocionados se encontraban el padre de la actual edil de Hacienda y Personal, Natalia Guijarro, la esposa del ahora concejal de Turismo, Juan Ángel Ferrer, o el esposo de la número 13 de la candidatura socialista por Benidorm, Lidia del Valle. También, otro candidato socialista por la lista de Relleu en las elecciones municipales de 2007.

Pérez señaló que las bases de esta promoción que ahora vuelve a realizarse están hechas a "medida" para que las personas que ya han venido ocupando esos puestos de trabajo vuelvan a beneficiarse: "sólo falta que pongan el nombre del funcionario o que reclamen que para ocupar la plaza hace falta los números del DNI de cada uno de ellos".

"Esto es de fiscal", insistió el concejal del PP al desgranar otras irregularidades que a su juicio contuvieron estos procesos: por ejemplo, el hecho de que para ocupar esas plazas -a excepción de una de ellas- los funcionarios sólo necesitaran (y ahora de nuevo necesiten) acreditar el nivel C1 de la administración "a pesar de que van a tener que coordinar o dirigir departamentos en los que hay bastantes trabajadores del nivel A". Además, aunque admitió que el juez anuló los procesos selectivos por un defecto formal -las bases no se publicaron en ningún boletín oficial-, aseguró que las plazas se convocaron sin dotación presupuestaria y sin oferta pública de empleo.

Por otro lado, el portavoz popular señaló que si las sentencias son firmes supondrán "un nuevo varapalo judicial al gobierno de Agustín Navarro, quien utilizó recursos del erario público para pagar a funcionarios que vieron aumentada su remuneración tras ocupar unas plazas que no se ajustaban a derecho". "Quizás ahora deberían devolver ese dinero", espetó. También se preguntó si en los actuales tiempos de déficit municipal "era absolutamente necesario que Navarro convocara esas plazas de promoción".

Ahora bien, para los populares las arcas municipales también han sufrido por el hecho de haber tenido que pagar a un abogado en el proceso judicial que surgió tras las denuncias sindicales. Pérez reveló que el abogado que ha defendido los intereses municipales es Juan José Server, el mismo letrado contratado por el área de Movilidad que gestionaba José Bañuls, el exedil que en 2009 entregó la Alcaldía al PSOE. "Es un abogado experto en movilidad humana y en movilidad de personas, de concejales que se pasan de un partido a otro", apostilló Pérez, quien reveló que el Ayuntamiento le debe al letrado Server más de 56.000 euros. Por fin, el regidor del PP también mostró su inquietud "por la custodia de documentos oficiales y públicos en el Ayuntamiento", toda vez que las sentencias judiciales no se encontraban ayer en el edificio consistorial. Por todo ello, anunció que su grupo presentará una moción para exigir la "suspensión inmediata de esa convocatoria sin importarnos lo que hagan los demás", en alusión al otro grupo de la oposición, los liberales, que ahora se han alejado del PP y negocian un acuerdo sobre medidas económicas con el PSOE.

Los procesos selectivos anulados en su día y convocados nuevamente afectan a las plazas de coordinador del departamento de Deportes, inspector de Personal, jefe de negociado de Contratación y gestión de Seguridad Social, jefe del departamento de Nóminas, coordinador del departamento de Turismo y coordinador del departamento de Diseño. A éstas se suma la de coordinador de centros sociales, que también está recurrida en los tribunales, pero sobre la que aún no hay sentencia.

Guijarro asegura que el enchufismo sólo se practicaba durante los gobiernos del PP

La concejala de Personal, Natalia Guijarro, argumentó ayer que los tribunales han anulado los procesos de selección por no haberlos publicado en ningún boletín, algo que "también se realizaba en la época del PP". Además, aseveró que su gobierno ha decidido no recurrir las sentencias, sino repetir las convocatorias publicándolas en el BOP, "que era lo que nos pedía el juez y que nos ha costado 3.000 euros". La edil salió al paso de las críticas del PP y garantizó que "no se ha producido ningún caso de enchufismo". "En esas bases había requisitos que podían cumplir varias personas, no como en época de los gobiernos populares en que se ajustaban para una sola persona". Guijarro defendió que si en esta polémica alguien tiene que callar es el PP: así, se refirió a una de las áreas donde se ha desatado la polémica, la de Diseño, donde el puesto de un antiguo coordinador del área "fue adjudicado a dedo por Pérez Devesa (exalcalde del PP), mientras que ahora a ese puesto podían optar los dos funcionarios del departamento". La regidora socialista también rechazó la exigencia de los populares de que los funcionarios promocionados deban devolver su salario: "eso no lo dictaminan las sentencias, ellos cobran por el trabajo que han hecho y a lo mejor quien debería devolver su sueldo es alguno de los ediles del PP por no hacer nada en 18 años". Y aseguró que el abogado que ha defendido los intereses municipales en el pulso judicial "entregará las sentencias en el Ayuntamiento como siempre se ha hecho".