El Gobierno central sigue sin estar muy convencido de las bondades del controvertido puente de Emilio Ortuño de Benidorm, una obra financiada por el Plan E-2 e impulsada en la legislatura anterior por el entonces edil de Movilidad José Bañuls, el exconcejal popular que le dio en 2009 la Alcaldía al PSOE. El Ministerio de Administraciones Públicas ha reclamado por segunda vez al Consistorio que justifique dos facturas abonadas el pasado 27 de diciembre por importe total de casi 150.000 euros exigiendo un certificado del interventor en el que acredite el acreedor, el importe de las facturas y la fecha de emisión y pago.

Esta documentación es la que falta para acabar de justificar el presupuesto total de la obra, que asciende a 750.000 euros. Y no es una broma: sólo si Benidorm hace bien los deberes, podrá recibir del Ministerio el 15% del presupuesto total del puente, que aún tiene pendiente de ingreso. Lo contrario resultaría un varapalo para las maltrechas arcas municipales.

Ya en enero, Benidorm fue incapaz de justificar esos dos pagos pendientes. Fuentes municipales aseguraron que ayer mismo se remitió a Madrid la documentación requerida y que "no hay ningún problema con la obra salvo algunos errores administrativos". Es de cualquier manera la tercera ocasión en que Benidorm ha de aclararle al Gobierno las cuentas del viaducto. Falta saber si será o no la última.

El concejal popular José Ramón González de Zárate, tras revelar ayer esta problemática, aludió a los sobrecostes que ha sufrido esta infraestructura y que podrían estar detrás de las dudas del Gobierno Central. Zárate recordó que el Consistorio ya aprobó un modificado de obra por valor de 150.000 euros que deberán abonar las arcas municipales a pesar de los informes negativos de los técnicos y aseguró que las bases del segundo Plan E "prohibían tajantemente los sobrecostes".

Ya es oficial pues que el puente costó 900.000 ?. Pero según el PP, el sobrecoste de esta obra, que Zárate calificó de "obra faraónica de Bañuls y del alcalde Agustín Navarro", es aún mucho mayor: el edil aludió a otros trabajos realizados a cargo de las concesionarias municipales para dotar al viaducto de barandillas, pruebas de medición, alumbrado, agua o alcantarillado y que habrían elevado el coste final de la obra a 1,2 millones de euros, medio millón más de lo presupuestado. De ahí que Zárate razonara que se ha podido cometer un "delito de malversación de fondos públicos", ya que por si fuera poco el puente, una vez concluido, contempla menos elementos urbanísticos y estéticos de los que preveía el proyecto original.