Son gitanos rumanos que amenazan a quien les observe, que atosigan a los turistas para robarles la cartera y que disfrutan de luz y agua a costa de facturas ajenas. Son los vecinos que desde hace tres años tienen que sufrir varios hoteles, locales de hostelería y edificios residenciales de una de las calles más turísticas del Benidorm "inglés", Lepanto. Desde que se apropiaron de un bloque bajo de apartamentos hasta ahora han logrando que apenas se vea un alma en cuanto cae la noche. "Está haciendo mucho daño a los que trabajamos aquí. Restaurantes, hoteles, taxistas, bares, a todos. Estamos hartos y nadie hace nada, así venga a diario la policía", explicó ayer un trabajador que por miedo no quería que saliera publicada ni siquiera su profesión. No es el único. Otra persona detalló también desde el anonimato, el"modus operandi" que tienen para robar a los turistas y para repartirse el botín. "Las rumanas de las faldas largas o se ofrecen como prostitutas y cuando las rechazan aparece el maromo diciendo que se ha metido con su novia para forcejear y robar al turista, o les ponen las faldas encima de las sillas para robarles. Luego, se lo reparten dentro, o en la azotea de los apartamentos, y se les oye en la calle de las que montan".

Hace un mes, el Sindicato Unificado de Policía del Cuerpo Nacional de Benidorm hizo pública su demanda, al Ayuntamiento de la ciudad, de actuar en este edificio, ante la proliferación de robos, agresiones, consumo de drogas y prostitución que ha proliferado en su perímetro. Pedían que se actuara "de oficio" y "de forma inmediata", pero ayer seguían igual.

Según explicó el concejal de Urbanismo, Juan Ángel Ferrer, por ahora el Ayuntamiento también está con las manos atadas hasta que el juez decrete la orden de desalojo. "En los últimos 15 días hemos terminado de redactar, y entregar, informes técnicos sobre el estado de los apartamentos Lepanto, informes sanitarios que destacan sus problemas de insalubridad, e informes policiales, para ver si con ello conseguimos que el juez decrete antes la orden de desalojo y podamos actuar". En cuanto esto ocurra, algo que espera no se demore por mucho más tiempo, el propietario pasará a acatar las medidas ordenadas desde el Ayuntamiento para que se impida una nueva ocupación ilegal del edificio.

Como si algo intuyeran, ayer algunos "ocupas" empezaron a mudar sus bártulos. Según un trabajador de la zona, el destino es ahora otro edificio de apartamentos en la calle Montecarlo. "Les he visto ir allí, lo tendría que mirar la policía", afirmó.

Los turistas y empresarios del último tramo de la calle Lepanto no son los únicos que tienen que aguantar molestos vecinos. En la calle Bruselas, ubicada en una cuidada zona residencial del Rincón de Loix, en la montaña que sube hacia el parque de Sierra Helada, ocurre algo parecido. Allí lleva abandonado, desde hace años, un gran chalé que albergó el restaurante "La Cacerola". El lugar está lleno de suciedad y según los vecinos, también de personas problemáticas. "Desde hace siete u ocho años que lo abandonaron, esto se ha ido convirtiendo en un infierno, con suciedad, gente rara que se mete a dormir, muchos no de países del Este... muy mal. Nos hacen pasar miedo. La policía ha venido 40 veces pero ya no hace nada. Es una vergüenza tener algo así en un barrio tan bueno, nos desprestigia y no tenemos porqué aguantarlo", afirmaba ayer Josefa, vecina del edificio que pega con la parcela.

En este caso, los trámites van por otra vía. Desde 2010, según confirmó el edil de Urbanismo, hay decretada una orden de derribo del inmueble. Está pendiente de ejecución porque los propietarios, que ya han pedido la licencia de obra y tienen el proyecto listo, no han abonado el aval obligatorio para iniciarlo. Esto, para el concejal, no significa que el problema vaya a seguir alargándose, pues dice estar decidido a solucionarlo. "Si el propietario no lo hace, lo haremos subsidiariamente y luego les pasaremos lo que tengan que pagar si no actúan", dijo Ferrer.

El antiguo hogar del jubilado

El antiguo "Hogar del Jubilado" de Benidorm, edificio municipal que lleva tres años cerrado y que a comienzos de mes el Ayuntamiento tapió para evitar que fuera ocupado, el concejal de Urbanismo explicó que por ahora se ha optado por mantenerlo cerrado por "los importantes daños estructurales que tiene el edificio desde hace años, que con el tiempo han ido empeorando". A día de hoy, esos desperfectos hacen que su posible rehabilitación pudiera alcanzar un coste de unos 700.000 euros. Otra posibilidad que está sobre la mesa es su derribo, según dijo el edil, aunque de momento no hay nada decidido.