El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia dictada en su día por el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana respecto a la denuncia presentada por los propietarios de una finca de La Vila que consideraban exagerado el precio catastral estipulado en 2006 sobre la misma, y que ascendía a más de 3,5 millones de euros. Con esta sentencia, los propietarios tienen vía libre para exigir la devolución de los más de 50.000 euros pagados estos años por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), calculado en base a esa tasación, según afirmó ayer su abogado, José María Guerras Ruiz. Según recordó el letrado, el Catastro formuló un recurso de casación al Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, tras lo cual, los propietarios de la finca presentaron un escrito de inadmisión. "En ese momento, el Estado tenía que formalizar el recurso, paso que no hizo renunciando a continuar, haciendo firme la tercera sentencia sobre la tasación de la finca".
Guerras Ruiz explicó que esta nueva sentencia indica que el valor dado a parte del sector, el Xarco, no era la correcta, y recordó que el dictamen "no es extensible al resto del municipio". Y es que el decreto de la sala tercera del Contencioso Administrativo del Supremo lo que anula, de forma específica, es el valor dado a la citada finca, no a la ponencia de valores con la que se calcularon los precios de todo el municipio.
Así, de momento el único beneficiado con esta sentencia es el propietario de la finca, que pedirá ejecutar la sentencia obligando al Ayuntamiento a devolverle los más de 50.000 euros pagados desde 2006 hasta ahora en concepto de IBI, más los intereses de demora.
Al respecto, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de La Vila, afirmó ayer que la posición del Consistorio será "pedir la responsabilidad patrimonial subsidiaria al Catastro, que es el Ministerio de Economía, por no hacer la valoración como debiera". "Si se equivoca, colateralmente hace que nos equivoquemos nosotros también", afirmó.
Dos sentencias pendientes
Siguen pendientes de resolución firme otras dos sentencias contra la ponencia de valores relativas a procesos llevados por el citado letrado, que están también recurridas ante el Supremo. Guerras Ruiz advirtió que por el momento no hay sentencia que pueda avalar recursos presentados contra la ponencia de valores.
El PP vota contra la explotación obrera
La única propuesta aprobada por unanimidad en el pleno de La Vila fue la presentada por EU. El PP, en el gobierno, dio su voto a favor de la moción que más carácter ideológico llevaba, primando la defensa de los derechos del trabajador, y cuyo contenido pretende hacerse oir en el ámbito nacional. La moción "exige al Gobierno (de Rajoy) que en la negociación colectiva no deteriore más el modelo laboral... exija a los sindicatos una posición firme contra un modelo de contratos que amenaza el social... y exige al congreso que se oponga a una nueva flexibilización del mercado laboral que suponga más precarización y disfrazar los datos del paro". La propuesta aprobada arranca recordando el posicionamiento del líder de la patronal en defensa de la aplicación en España de "minijobs" como en Alemania (contratos por 15 horas semanales, a 400 ? y 150 de cotización). Y recuerda que "la disminución salarial es una política de control de la clase obrera y PYMES". r.lópez
