Varias decenas de alumnos y profesores del Instituto de Educación Secundaria l'Arabí de l'Alfàs del Pi tomaron ayer la cantina del centro con pancartas y consignas en señal de protesta por la nueva adjudicación de los bares de los institutos. No están de acuerdo con los criterios que se han seguido en el concurso, que han "desplazado de las cantinas a familias que llevaban años trabajando, en favor de empresas grandes que miran más el dinero que la calidad", según denuncian desde la comunidad escolar.

Con una gran pancarta que decía: "Más educación, menos corrupción", la comunidad escolar ocupó durante casi media hora la cantina en señal de protesta. La nueva adjudicataria, que también ha conseguido la concesión de un instituto de Calp, repartió bocadillos gratis para tratar de calmar a la que será su nueva clientela durante los próximos cuatro años, tras alzarse de forma legal con la adjudicación del servicio mediante un concurso público.

Pero el gesto no logró callar ayer a quienes consideran que la Conselleria de Educación ha marginado a la comunidad escolar en sus decisiones ya que, si hasta ahora en los concursos se había tenido en cuenta la opinión de los consejos escolares de los centros para realizar la concesión, en esta ocasión no han tenido ni voz ni voto.

"Antes el consejo escolar podía elegir, no nos han tenido en cuenta y nos han quitado a dos personas que llevan ocho años con nosotros, que nos cuidaban, nos calentaban incluso comida de casa y si necesitabas algo te fiaban", destacó un alumno.

La Conselleria defiende que se trata de un proceso "abierto, público y transparente". Los afectados y los usuarios no opinan lo mismo. En total, se han adjudicado 32 cantinas en toda la provincia de Alicante, una empresa se ha quedado con ocho, otra con cinco, en el caso de la de l'Alfàs, con dos. Aunque es cierto que en total hay 16 empresas adjudicatarias, entre tres se reparten casi la mitad de la concesiones. Desde la comunidad escolar aseguran que algunos aspectos del proceso han sido "opacos". Destacan el hecho de que alguna concesión se ha otorgado por haber ofrecido un canon ligeramente superior, tan ligeramente como15 euros de diferencia, respecto al anterior adjudicatario, según aseguran los afectados.

"No estamos de acuerdo con la forma en la que se ha llevado a cabo, tradicionalmente los consejos escolares tenían más capacidad de decisión, en algunos casos la adjudicación se ha realizado a empresas ajenas al sector de la educación y ha habido cierta opacidad en los méritos, por lo que hay indicios de que se ha podido favorecer a ciertas empresas", destacaron desde la Plataforma Per l'Ensenyament Públic de la Marina Baixa, que se ha posicionado contraria a este proceso de adjudicación porque no comparte algunos de los criterios de la Conselleria.

El principal escollo es haber dejado fuera de la toma de decisiones a los usuarios directos, al consejo escolar, pero hay otra serie de puntos discordantes, como el que una misma empresa se lleve varias concesiones, el no haber incentivado la economía local de cada municipio o el hecho, según denuncian, de que "se da más prioridad al aspecto económico que a la calidad". Desde Educación aseguran que "no hay nada más transparente que un concurso público" y recuerdan que "la opinión de los consejos escolares nunca ha sido vinculante".