El Ayuntamiento de Benidorm ha reivindicado en un recurso ante el TSJ su derecho a regular un área de miles de metros cuadrados junto al parque de Terra Mítica en la que ahora el Consell gestiona en régimen de monopolio proyectos urbanísticos plagados de presuntas anomalías y en los que incluso se habrían propiciado, según el Consistorio, "fraudes de ley". El particular interés de la Generalitat por hacer y deshacer a su antojo en esta zona del término de Benidorm se agudizó en 2006, cuando aprobó la quinta modificación del Plan de Usos e Infraestructuras del área del parque -el famoso PEDUI- para autorizar el uso hotelero y de apartamentos turísticos en cinco fincas con una superficie total de 132.885 m2 en principio sólo reservadas para una futura ampliación del complejo de ocio. Cinco años más tarde, en marzo de 2011, el entonces conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, dio un paso más: aprobó una sexta modificación del PEDUI para elevar la densidad urbanística de esas cinco parcelas: incrementó el número de plantas hasta las 3 (más ático y la planta baja), disminuyó la distancia entre edificaciones y eliminó el parámetro de "parcela mínima".
Este último cambio es el que ahora ha recurrido el Ayuntamiento ante el alto tribunal valenciano, al que ha pedido que lo declare "no ajustado a derecho". Por varios motivos: en primer lugar, porque la Sociedad Parques Temáticos, perteneciente a la Generalitat, habría promovido esa mejora de las prestaciones urbanísticas de las parcelas a instancias de las mercantiles privadas propietarias de los terrenos . Esas empresas son Enrique Ortiz e hijos SA -vinculada pues al constructor alicantino con tantos intereses en Benidorm-, Implantación de Técnicas Innovadoras SL y Creambiente Mediterráneo SL. Según el recurso "se atendió a un interés particular, muy alejado del general".
El letrado municipal insinúa así que esta sexta modificación del PEDUI fue en realidad una modificación a la carta, que incluía sólo la manzana donde esas mercantiles tenían intereses y que fue subastada y vendida, para la construcción de apartamentos turísticos, por otra empresa, Terra Mítica, Parque Temático de BenidormSA, igualmente participada, en un 14% por la Generalitat. El hecho de que las adjudicatarias de la parcela, entre las que se encontraba Ortiz, pudiera participar para variar las condiciones del terreno después de que se efectuara la subasta, supone para el Consistorio que "se realizó un traje a medida a los adquirientes del suelo, finalidad que roza, por decirlo de forma suave, la desviación del poder". Una práctica pues contraria a los principios de la contratación de las administraciones públicas, agrega el recurso. Es evidente que, de haber sabido que esos cambios eran posibles, otras empresas se habrían presentado a la subasta de marras. Pero no lo sabían.
Según un informe del secretario municipal incorporado al recurso ante el TSJ, la Generalitat no está además "legitimada" para realizar un ordenamiento que modifica el actual PGOU de Benidorm, algo que es "competencia exclusiva" del Ayuntamiento. Pero es que el Consell ha ido más lejos: en el PEDUI se arroga la atribución de ser el único órgano competente para actuar en el ámbito de Terra Mítica. "Esta conclusión -afirma el recurso- supone una vulneración total del principio de autonomía municipal, pues comportaría privar a Benidorm de la posibilidad de ordenar urbanísticamente de forma coherente la totalidad de su término". Así, la Generalitat "pasaría a tener, al modo de las encomiendas medievales, total señorío sobre el suelo de Benidorm integrado en el Plan Terra Mítica e integrado por la nada desdeñable cifra de 9,5 millones de m2, superficie mayor que otros términos de la Comunidad".
Para el recurso, "todo el PEDUI es un fraude de ley" que mantiene "de forma incomprensible" la totalidad del suelo junto a Terra Mítica como no urbanizable, a pesar de que después lo dota de una ordenación propia del suelo urbano. Se incurre así en "otra desviación de poder" con la finalidad "de privar a la administración local" de modificar el área así como de poder cobrar derechos urbanísticos. Lo paradójico es que las cinco parcelas antes citadas sí aparecen como "urbanas" en el registro de la propiedad de Benidorm, tienen una edificabilidad cercana a los 140.000 m2/techo -que le hubieran reportado al Ayuntamiento unos 14 millones por aprovechamiento urbanístico-, y el incremento de la densidad urbanística aprobado por el propio Consell es también propia de un suelo urbano. Vaya, y que en esa zona no se ha planificado ninguna edificación rústica, precisamente, sino apartamentos.
Pero aún hay más. Según otro informe, en este caso del arquitecto municipal, la famosa modificación número 6 tampoco se habría ajustado al planeamiento de Benidorm aunque el PEDUI hubiera calificado el suelo como urbano, tal y como era su obligación. Así, ese planeamiento local, por ejemplo, prohíbe los áticos contemplados en las cinco parcelas, "con lo que se intenta crear una tipología edificatoria ajena por completo a la del resto municipal, concibiendo una isla dentro del resto del modelo implantado por el PGOU de Benidorm".
Los nombres propios de Cotino y Llinares
En el recurso que el Ayuntamiento de Benidorm ha presentado ante el TSJ se acusa a la Generalitat de utilizar el área de influencia de Terra Mítica como un señorío de su propiedad. Es decir, el famoso cortijo del Consell en Benidorm al que ya aludió el ex edil de Urbanismo Jaime Llinares, quien fue el impulsor de esta denuncia ante el TSJ en la pasada legislatura a pesar de las reticencias de su jefe en el ejecutivo local, el también alcalde, Agustín Navarro (PSOE). Llinares calificó de "escándalo" los cambios aprobados por el Consell en la zona.
El responsable que ratificó esos cambios en marzo de este año fue el conseller de Medio Ambiente también en la pasada legislatura, Juan Cotino. No ha sido la única vez que el ahora presidente de las Cortes Valencianas aparece vinculado al PEDUI de Terra Mítica: en el hemiciclo autonómico, la diputada socialista Eva Martínez, exhibió un documento del Registro Mercantil que demostraría que un sobrino de Cotino forma parte del consejo de administración del parque Terra Natura, ubicado también en la misma zona y al que la Generalitat habría perdonado un canon anual de 1,2 millones de euros por ocupar terrenos públicos. A cambio, Terra Natura regala entradas a niños y mayores a través de convenios con el Consell. No es el único caso de un canon exonerado: al hotel Villa Aitana también se le ha perdonado otro canon de 180.000 euros a cambio en este caso de organizar para un ente de la Generalitat torneos de golf.
