Benidorm llega al límite de sus fuerzas

En una ciudad que alberga un próspero negocio turístico que más o menos resiste los embates de la crisis, sus arcas municipales se encuentran al límite de sus fuerzas. Paradójico pero real. El gobierno local, del PSOE, ha reconocido una deuda oficial de 145 millones de euros. Es posible, no obstante, que ese número se quede corto. Sólo basta ir sumando las cifras que el propio Ayuntamiento suministra a cuentagotas: según el último informe de morosidad, a finales de septiembre se debía a concesionarias y proveedores 63 millones, a los que hay que agregar otros 80 a bancos: ya son 143. Y falta por contabilizar la nueva deuda que se generará durante el último trimestre del año, las facturas que aún no se han reconocido, las obligaciones contraídas por el Consistorio por diversos conveniosÉ El PP calcula que la deuda real está en 170 millones, cerca del doble del presupuesto municipal, que este año era de 98 millones y que el año que viene será aun menor. Dramático.

Dramático porque las consecuencias son graves: en el último año, lo único que el Consistorio ha podido pagar son nóminas, deudas bancarias y, de vez en cuando, alguna deuda aislada. El propio alcalde, el socialista Agustín Navarro, ha admitido que a medio plazo ni siquiera se puede pensar en que el Ayuntamiento financie obras de enjundia en una ciudad cuya patronal turística exige un lavado de cara a una escena urbana muy deteriorada. Y hay otro efecto de consecuencias sociales: algunas de las plantillas de las grandes concesionarias municipales no cobran. Eso ha contribuido a la supresión de algún servicio público -ASER abandona Benidorm debiendo a sus trabajadoras 3 meses de salario- y a que otros corran peligro: en un día como el de ayer, marcado por el llenazo turístico del puente y al buen tiempo, los socorristas de la concesionaria Rojuser atendían las playas a pesar de que hace 5 meses que no perciben sus salarios; y a los jardineros de la Generala, empresa al borde de la suspensión de pagos, se les deben otros tres. Incluso las limpiadores de edificios públicos de FCC amagaron con una huelga que el Ayuntamiento evitó en el último minuto de partido al abonar a la empresa los servicios prestados en noviembre. Qué menos.

Las dos principales medidas contra este déficit ensayadas por el ejecutivo de Navarro no han salido demasiado bien. En septiembre, se anunció un plan de ajuste del personal del Consistorio -que incluía prejubilaciones, supresiones de las comisiones de servicios y recortes en complementos salariales- con el que se pretendía ahorrar 5 millones y que por ahora no ha tenido ningún efecto. Y la pasada semana, el PSOE veía como la oposición le tumbaba la petición de un crédito ICO por 2,8 millones de euros para pagar deudas a pequeños proveedores. Los socialistas querían así aliviar la situación de algunas pequeñas empresas agobiadas por impagos que, en algunos casos, se remontan a la época del PP. Pero era un alivio muy tenue: sólo se habría pagado el 4,61% de la deuda total con proveedores. En un ejemplo muy gráfico del grosor del problema, una empresa a la que se le deben 900.000 euros hubiera visto satisfecha una facturaÉ de 30 euros. Además, populares y liberales aludieron a un informe del tesorero que alertaba de que la devolución de ese préstamo impediría al Consistorio pagar al menos en tres años el 95% restante de la deuda; y que pondría en riesgo las nóminas de los funcionarios y el pago de los créditos bancarios. El crédito ICO ya es historia, pero las conclusiones del tesorero subrayan de nuevo la enorme fragilidad de la contabilidad municipal.

¿Cómo hemos llegado a esto? El PSOE recuerda los años de dispendio de los anteriores gobiernos populares, con aquellas magníficas obras plagadas de sobrecostes -el Palau d´Esports, el nuevo Ayuntamiento- que lastraron para siempre las arcas públicas; y también al famoso plan de saneamiento solicitado por el PP en 2009 y que incluía créditos por valor de 29 millones -como siempre para pagar deudas-, cuyos intereses pesan ahora como una losa.

PP y liberales tienen otra visión. Acusan, más que al PSOE a Navarro, de haber fagocitado en un tiempo récord los ingresos que aún le quedaban al Ayuntamiento de Benidorm, desde los canon de las concesionarias -por poner un ejemplo: un ingreso de Aquagest de 2,5 millones según el PP se habría ventilado en un mes- hasta la recaudación de impuestos; y acusan al alcalde de haber despilfarrado en el capítulo de Personal, que sólo en un año ha sufrido un desfase de 4 millones de euros. La oposición insiste en que Navarro ha agravado el déficit hasta límites insospechados: en un año, la deuda con los proveedores habría pasado de 30 millones a los 63 actuales. Y subiendo.

¿Clima de desgobierno para justificar una moción de censura?

Bien es sabido que en todos los lugares del mundo antes de que llegue una moción de censura, los partidos que anhelan firmarla denuncian primero una situación de desgobierno del partido que ocupa la Alcaldía para justificar esa decisión política, siempre legal pero siempre traumática. En el gobierno local de Agustín Navarro, piensan que eso es lo que están haciendo PP y Liberales, al atacarle un día sí y otro también por el déficit municipal. De ahí que el primer edil haya decidido pasar al ataque: cree que el PP ha radicalizado su discurso y ha llegado a hablar de una "kale borroka" popular que influye en ciertos sectores sociales, incluidos los periodistas. Ahora bien, el alcalde no mete en ese mismo saco a los liberales de Gema Amor -hipotéticos socios de los populares si se firma esa moción- y con los que espera todavía un acercamiento. Mientras tanto, los liberales, que de cualquier modo coinciden con el PP en criticar la gestión económica del PSOE, han optado también por subrayar las posibles discrepancias que esconde el ejecutivo de Navarro: por ejemplo, aluden al hecho de que su edil de Hacienda, Natalia Guijarro, no haya aparecido junto al munícipe en sus últimas comparecencias públicas sobre economía municipal.