El juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de La Vila Joiosa ha abierto diligencias contra el exalcalde de Polop de la Marina, Juan Cano, por un presunto delito de coacciones contra un empresario hotelero de la localidad, llamado Erol Pastrana. Este hombre interpuso una querella el pasado marzo por presuntas amenazas, extorsión, cohecho y prevaricación contra el exprimer edil, al imponerle multas "abusivas" de 1,2 millones de euros y exigirle presuntamente una comisión de 500.000 euros para abrir un hotel en la localidad. La denuncia de Pastrana también iba dirigida a la ya exalcaldesa de Polop, María Dolores Zaragoza, a la que el querellante acusa de un presunto delito de prevaricación por exigirle el pago de las multas "pese a conocer su ilegalidad".
La juez entiende que los hechos denunciados por el empresario podrían ser constitutivos de un presunto delito de coacciones, por lo que el pasado 21 de septiembre decretó la admisión a trámite de la querella y la incoación de diligencias previas, para investigar los hechos, así como su traslado al Ministerio Fiscal. Por otro lado, la magistrada ha citado al querellante para que comparezca el próximo viernes en el juzgado, a fin de ratificarse en la querella, según se recoge en el auto.
Los hechos se remontan al año 1994, cuando Erol Pastrana adquirió un edificio en el centro de Polop para hacer un hotel, según informaron tras la presentación de la querella el propio afectado y su abogado, Pedro Beltrán. El coste fue de 100.000 euros y en la reforma se gastaron 360.000 euros más. Según la querella, "desde el inicio del proceso de construcción se pusieron enormes trabas por parte del entonces concejal Juan Cano", porque "quería tener un completo dominio de todo lo que ocurría en el Urbanismo, obligando a las personas que deseaban realizar cualquier tipo de proyecto a pagarle cantidades adicionales en dinero negro si no querían ser sancionados", según relató el empresario afectado. En la querella, el hotelero indica que esta política "es la que siguió Juan Cano con Erol Pastrana desde el inicio de sus actuaciones" en el municipio.
En 1996, Cano citó a Pastrana para una entrevista en la sucursal de la CAM de la que era director. Según la querella, le indicó que "tenía que entregarle cinco millones de pesetas -30.000 euros- si quería que siguieran adelante las obras del hotel y obtener la apertura" y, tras responderle que no tenía más liquidez, Cano "le ofreció la concesión, de manera inmediata, de un préstamo" en la sucursal que dirigía. Pastrana "se vio obligado a solicitar el préstamo y a entregárselo a Cano para continuar las obras", señala. A finales de 1996 "se abrió el hotel y el propio Juan Cano fue el invitado de honor".
Comidas por 14.000 ? al mes
Tras la apertura del establecimiento, "muchos días acudían a comer al hotel concejales del Ayuntamiento", entre los cuales "tenía una especial presencia Juan Cano". Según la querella, el exalcalde "acudía al menos dos veces por semana" e "invitaba en muchas ocasiones a grupos de diez o quince personas", aunque "ninguna de las comidas se pagaba, ya que el señor Cano entendía que debía ser invitado y que ni él ni sus amigos o los demás concejales tenían obligación de pagar". El querellante afirma que el importe de algunas comidas ascendía a unos 460 euros y que cuando él acudía a cobrar las facturas, de unos 14.000 euros al mes, Cano "se negaba a pagar y le amenazaba diciéndole que si seguía insistiendo en el cobro, le cerraría el hotel y le había la vida imposible", lo que afirma que ocurrió cuando, pasados nueve meses, se negó a seguir atendiéndole.
Entonces, "se inició una campaña de acoso contra el hotel y el señor Pastrana", hasta el punto de que "en 1998 se vio obligado a cerrar el restaurante y el hotel", que estuvo cerrado hasta 2001. Entonces, trató de ampliarlo y tramitó la licencia. Poco después, recibió un escrito del Ayuntamiento denegándole la apertura y Cano le citó en el Consistorio, donde presuntamente le pidió 500.000 euros porque "de lo contrario le haría la vida imposible". La salida de Juan Cano del Ayuntamiento en 2003 paralizó inicialmente las presuntas amenazas, aunque poco después recibió una multa municipal, a juicio de Pastrana, "por las amenazas de Cano contra el concejal de Urbanismo, Juan Andrés Llorens y contra el propio alcalde Ponsoda". El supuesto acoso de Cano al empresario derivó en otras actuaciones, como la imposición de una "multa abusiva" de 1,2 millones de euros por reforzar los muros de su casa.
